La Fiscalía del Estado pedirá prisión para los controladores por sedición

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho este jueves en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición. Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en la capital aragonesa, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores aéreos y sus repercusiones penales.

Conde-Pumpido ha dicho que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo de un país, hechos protagonizados el pasado fin de semana por los controladores aéreos, suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión. Además, ha apuntado que los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13:00 del pasado sábado -cuando se decretó el estado de alarma- serían enjuiciados por la jurisdicción militar, algo que es "perfectamente constitucional".

En opinión del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado las vías legales previstas en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España. Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en las diversas fiscalías de las comunidades autónomas y más de 400 personas a las que se exigirá la correspondiente responsabilidad, por lo que en cada órgano judicial, donde exista un aeropuerto y se haya cometido un hecho delictivo "habrá que abrir un procedimiento".

"Aquí se ha cometido un delito de sedición en cada aeropuerto y eso puede dar lugar a procedimientos distintos", ha precisado el fiscal general, quien ha comentado que "la coordinación" se va a hacer en la Junta de Fiscales para tratar de "establecer las reglas por las cuales el Ministerio Fiscal incoará los procedimientos y los trasladará después a los órganos judiciales correspondientes". La ley prevé sanciones para todos los que han participado en el abandono de los aeropuertos, ya que todos ellos "han cometido un hecho delictivo", según Conde-Pumpido, quien ha reconocido que la ley establece "una sanción mayor" para los dirigentes.

A su juicio, la situación es similar al supuesto abandono de un hospital por parte de todos los médicos, dejando tirados a los enfermos, y la ley califica ese hecho "como delito de sedición", por lo que la Fiscalía va a poner a los responsables ante los órganos judiciales competentes tras las investigaciones preliminares que se están llevando a cabo en este momento. Respecto al estado de alarma, ha considerado que está previsto en la Constitución para estados de emergencia, para resolver un problema que afecta a un gran número de ciudadanos, y en este caso existen cientos de miles de perjudicados y la paralización de un servicio público esencial, ha recordado.

Por ello, ha insistido en que se trata de una medida que cumple los requisitos constitucionales, teniendo en cuenta que "no se han cumplido los servicios mínimos" y que se ha causado "una gran calamidad" y "una situación que puede ser trágica para una multitud de personas". El estado de alarma se establece para quince días y la ley orgánica prevé para estos casos que se puede acordar la movilización de aquellos que tendrían que atender el servicio y no lo están atendiendo, ha dicho el fiscal, quien también ha hecho referencia al código penal militar, que se aplica a las personas que han sido movilizadas.