La Fiscalía pide 19 años y medio para Urdangarín por desviar más de 6 millones públicos

La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de cárcel para el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y 16 y medio para su ex socio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Se trata de las dos principales peticiones de pena que el fiscal Pedro Horrach incluye en el escrito de acusación que ha presentado este martes ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro. Hasta 103 años de prisión reclama para un total de 14 acusados, cuyo papel en la trama relata de forma pormenorizada a lo largo de 673 páginas.

El representante del Ministerio Público desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

En su escrito, Anticorrupción reclama asimismo que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge. En el caso de la hermana del rey Felipe VI, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarín en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles pantalla que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon. La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008. Para reclamar la fianza, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

Dado que no la acusan ni el ministerio público ni la Abogacía del Estado, la infanta Cristina pagará de forma "inmediata" los casi 600.000 euros que la Fiscalía le reclama como responsable civil, confiada en que se archivará la causa contra ella, según ha explicado su abogado Miquel Roca. En declaraciones a la prensa a las puertas de su despacho en Barcelona, el letrado se ha mostrado convencido de que, "en buena ley, se archivará la acusación" contra la Infanta y ha anunciado que ésta consignará ahora al juzgado los 587.413 euros que le reclama el fiscal como beneficiaria a título lucrativo, para "dejar así extinguida su responsabilidad civil simultáneamente a la penal".

Doctrina Botín para la Infanta por "justicia e igualdad"

El fiscal anticorrupción solicita que el juez José Castro aplique la doctrina Botín sobre la infanta Cristina y evite así que se siente en el banquillo de los acusados, amparándose para ello en "elementales razones de justicia e igualdad" con aquellos ciudadanos a quienes, por similares motivos, sí se les ha impedido ir a juicio. Horrach considera que "no es sostenible, por elementales razones de justicia, igualdad y seguridad jurídica que, en las mismas circunstancias procesales, un ciudadano sometido a los tribunales de Vizcaya no se exponga al juicio oral y, sometido a un juzgado o tribunal de Baleares, no sólo se le abra juicio oral sino que además pueda ser condenado", asevera en relación a la duquesa de Palma.

Del mismo modo, pide que le sea aplicada la anterior doctrina a Ana María Tejeiro, en relación al delito fiscal que le imputa la Audiencia Provincial de Baleares. A diferencia de la Infanta, Tejeiro sí tendría que ir al banquillo puesto que la Fiscalía la acusa por otro delito, el de blanqueo de capitales.

En el auto por el que el pasado mes la Audiencia confirmó la imputación de la Infanta por dos delitos fiscales y abrió la vía para que fuese juzgada, dio "libertad de criterio" al juez Castro para decidir si aplica o no sobre doña Cristina la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido. Durante la instrucción de la causa, ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey. "Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, la Abogacía del Estado, y el Ministerio Fiscal no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque legítimamente consideran que no existe delito imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado", asevera Horrach. Del mismo modo, el fiscal recalca que "el respeto al principio de igualdad debe impedir que los criterios interpretativos de las leyes penales y procesales se conviertan en cajones de sastre donde todo vale", por lo que considera que "no es posible legalmente, bajo la excusa de matices interpretativos, orillar la aplicación" del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo piden Fiscalía y acusación particular.

Para reforzar sus alegatos, Horrach expone un caso "idéntico" al de la Infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública.

Finalmente, el fiscal subraya que "choca frontalmente" con el citado artículo 782 el "matiz" que la Audiencia balear introdujo para dejar en manos de Castro la aplicación de la doctrina Botín, y que señalaba que, al acusar la Fiscalía y la Abogacía del Estado por presuntos delitos fiscales a Urdangarín y Torres, Manos Limpias "se hallaría legitimada en solitario para abrir juicio oral contra sus respectivas cónyuges por su presunta participación en los mismos hechos delictivos". A juicio de Horrach, el "matiz" efectuado por la Audiencia "supone establecer distinciones donde la Ley no lo hace", e insiste en que si el Ministerio Fiscal y la acusación particular sostienen que no hay motivos suficientes para acusar a una persona y piden el archivo de su imputación, el juez así deberá acordarlo.

Multa de 3,5 millones para Urdangarín

El fiscal Pedro Horrach reclama que tanto Urdangarín como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Las multas que el representante de la acusación pública reclama para todos los acusados ascienden, por su parte, a 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden al duque de Palma.

En concreto, Horrach atribuye a Urdangarín un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de capitales (dos años). Los mismos que a Torres, si bien sobre éste pesa un solo delito fiscal (tres años).

Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del ex presidente del Govern balear Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y otro de fraude (tres años). Sobre la mujer de Torres pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.

Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales; otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; dos más para el ex director general de Deportes del Govern, José Luis Pepote Ballester; ocho para el ex gerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; un año y nueve meses para el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y otros cuatro para el ex asesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los ex altos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicita ocho años para el ex secretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el ex director general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para la ex directora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también ex director general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarín como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies SL, Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

El fiscal Horrach detalla de forma pormenorizada cómo estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears. Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla en su escrito cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.