La Fiscalía del Supremo estudiará la regularización fiscal de Juan Carlos I

Madrid/La Fiscalía del Tribunal Supremo va a estudiar la documentación relativa a la regularización de Juan Carlos I con la Agencia Tributaria, cifrada en 678.393 euros, para determinar qué influencia puede tener en las diligencias abiertas contra el rey emérito por el presunto uso de tarjetas opacas.

Hacienda ha remitido a la Fiscalía el expediente relacionado con la declaración tributaria que don Juan Carlos cumplimentó ayer para analizar la procedencia del dinero y la "incidencia" jurídica que pueda tener en el contenido de la investigación, han informado a Efe fuentes del Ministerio Público.

El equipo de fiscales del Supremo va a examinar la cuantía declarada y los períodos impositivos a los que corresponde.

El abogado del padre de Felipe VI informó de que había saldado la deuda con Hacienda por importe de 678.393 euros, incluyendo intereses y recargos, pero sin precisar los ejercicios a los que corresponde la regularización, ni el tipo de impuesto sobre el que ha tributado.

En caso de que Hacienda no detecte ninguna infracción administrativa, al descartarse el delito fiscal una vez liquidada la deuda, lo probable es que tampoco la haya penal, por lo que el caso estaría abocado al archivo, añaden las fuentes.

Al margen del presunto uso de dinero donado por el magnate mexicano Allen Sanginés-Krause, del que pudieron beneficiarse varios familiares del rey Juan Carlos, la Fiscalía del Supremo tiene abiertas otras dos investigaciones sobre éste, aunque ninguna judicializada.

Una es la relacionada con el supuesto cobro de comisiones del AVE de La Meca y otra sobre si tiene dinero oculto en el extranjero, como apunta el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

El caso de las presuntas tarjetas opacas se conoció después de que Juan Carlos I saliera de España el pasado 3 de agosto rumbo a Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, su regularización fiscal ha abierto el debate sobre la posibilidad de que regrese a España en Navidad.

El Gobierno sostiene que es un asunto que compete a la casa real, mientras que ésta guarda silencio sobre este asunto al entender que es una decisión de carácter personal del anterior jefe del Estado.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha insistido en que "todos son iguales ante la ley en su cumplimiento", pero también ha reclamado confidencialidad en todo lo relativo a Hacienda.

Ábalos afirmó ayer en León que es "un tema personal" que debería tratarse en el ámbito de al confidencialidad. El ministro recalcó que él no se mete en las relaciones de los contribuyentes y ha precisado que no tiene un conocimiento fehaciente del asunto.

"Además no debo tenerlo, porque las relaciones entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria no son públicas y deben mantenerse dentro del ámbito de la discrecionalidad el que todo ciudadanos tiene derecho", concluyó.

La tesis del Ejecutivo la ha rebatido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para quien don Juan Carlos "no es un ciudadano más".

"La ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley, porque el rey Juan Carlos no es ni muchísimo menos como usted", ha argumentado Ayuso en la Asamblea de Madrid, donde ha cargado contra la izquierda por atacar al rey emérito y pretender imponer "una república bananera".

Unidas Podemos ha redoblado sus críticas a Juan Carlos I, al que ha acusado de hacerse "muy rico defraudando y haciendo tratos turbios con dictadores", según su portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Para el diputado de la formación morada Rafael Mayoral, la Monarquía "tiene un peligro serio de implosión", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que no lo está. Mayoral ha afirmado que el debate sobre el futuro de la Corona está "abierto de par en par", al tiempo que ha sostenido que el cambio de modelo de Estado no tiene por qué requerir un referéndum, como ocurrió en la Primera República.

ERC y EH Bildu han coincidido en que el rey Juan Carlos ha recibido "trato de favor" a la hora de regularizar su situación con Hacienda y que debería regresar a España para que "se le juzgue como a cualquier otro ciudadano".