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Madrid/La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez del caso Villarejo que impute al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los servicios que contrató del ex comisario José Villarejo y se opuso a la petición del banco de personarse como perjudicado. El juez Manuel García Castellón deberá decidir si imputa a la entidad bancaria como persona jurídica dentro de la pieza del caso en la que investiga el espionaje que encargó el BBVA al ex comisario en 2004, ante una opa hostil de Sacyr, y que se prolongó hasta 2017.
La Fiscalía informó de que esta petición llega después de analizar la documentación en papel y digital incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 dentro de la operación Tándem, así como los documentos aportados por el propio BBVA. Todos ellos acreditarían, dice el Ministerio Fiscal, que los pagos "ilícitos" a la empresa de Villarejo, Cenyt, "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal" y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo. Se trata de la pieza secreta número 9 de la causa, la relativa a los encargos que Villarejo habría estado desempeñando para el BBVA durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones.
Esa pieza ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.
La entidad financiera desveló que ha aportado a García Castellón "hallazgos relevantes" sobre el espionaje que la entidad encargó a Villarejo y reiteró su compromiso con la ley después de que la Fiscalía solicitara la imputación. El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, afirmó que continuará "colaborando activamente con la Justicia" para esclarecer los hechos. El banco aclara que la condición de investigado solicitada por Anticorrupción "no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito", y añade que el propio banco solicitó personarse como perjudicado por los hechos.
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