La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de la Infanta piden su absolución

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han pedido, en consonancia con la defensa, la exoneración de la infanta Cristina en la primera sesión del juicio del caso Nóos, por considerar que la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, carece de legitimidad para mantenerla en solitario. El juicio continuará el 9 de febrero tras resolverse situación de la infanta. El juicio del caso Nóos ha quedado suspendido hasta el 9 de febrero, cuando se retomará con la declaración de los testigos, pero antes el tribunal resolverá si se mantiene la acusación contra la infanta Cristina o queda exonerada del banquillo. A las 21:58 horas concluyó la primera jornada de la vista, que arrancó a las 09:21 horas en la sala habilitada en la sede de la Escuela Balear de la Administración Pública en Palma.

La presidenta del tribunal de la Audiencia de Palma que enjuicia la presunta trama de corrupción en torno al Instituto Nóos ha anunciado para cerrar la jornada que resolverá en cuatro semanas las cuestiones previas relativas a la competencia del tribunal y las referidas a la legitimación de las acusaciones populares. Entre estas últimas está la que ha planteado la defensa de la infanta Cristina, reforzada por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, respecto a la acusación contra la hermana del Rey por delito fiscal, que sostiene en solitario Manos Limpias, lo que según estas partes es motivo de nulidad.

El fiscal Pedro Horrach aportó en el primer día de la vista oral un informe de Hacienda para reforzar su tesis de que la infanta Cristina no cometió los delitos fiscales que le atribuye la acusación popular, además de insistir en que en su caso es de aplicación la doctrina Botín. Este precepto, que establece que una acusación popular no puede sentar por sí sola en el banquillo a una persona por delitos en los que quepa la personación de una acusación particular, ha sido invocado tanto por la defensa de la ex duquesa de Palma, como, con incluso más extensión, por el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado, que representa en la causa a la Agencia Tributaria.

Aunque en el juicio están acusadas otras 17 personas, la hermana del Rey ha acaparado el protagonismo en la primera jornada del juicio ante la Audiencia de Palma, no solo porque el debate jurídico se ha centrado en el mantenimiento o no de la acusación que legitimó el juez instructor, sino también por el hecho histórico de que por primera vez un miembro de la Familia Real se siente en un banquillo. Cientos de periodistas gráficos y redactores aguardaban desde las 6.30 horas la llegada de doña Cristina al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma donde se celebra el juicio, una espera que ha concluido a las 8.10 horas cuando la hermana del Rey ha llegado en coche acompañada por su marido, Iñaki Urdangarin.

2.001 días después de que el juez Castro abriera una pieza separada del caso Palma Arena para investigar irregularidades en los contratos del Govern balear con el Instituto Nóos, el caso ha llegado a juicio, aunque la jornad ase ha centrado en las cuestiones previas y la declaración de los acusados no se iniciará hasta el 9 de febrero. La doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia sentada por siete decisiones de audiencias provinciales son los argumentos con los que el abogado de la infanta ha pedido al tribunal que archive la causa para doña Cristina y rechace la legitimación de la acción popular para sostener en solitario la acusación contra ella.

El fiscal Pedro Horrach cree que dejar a Manos Limpias acusar a infanta sería discriminatorio porque supondría quebrantar la doctrina del Tribunal Supremo y por ello ha pedido al tribunal que devuelva la Justicia "al lugar que le corresponde" sin atender a "espejismos", porque no es posible que la acusación popular supla la voluntad del perjudicado. La abogada del Estado Dolores Ripoll ha cuestionado que la motivación de Manos Limpias sea la defensa del interés público y ha insistido en que el perjudicado por el supuesto fraude fiscal es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema "Hacienda somos todos" es meramente publicitario.

Por su parte, la abogada de Mano Limpias, Virginia López Negrete, ha asegurado que si el tribunal decide que el juicio no continúe contra doña Cristina no permitirá que se defienda y la estigmatizará socialmente. Ha reclamado que no se conceda un "privilegio de inmunidad" a la infanta Cristina, como a su juicio propugnan a una la defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La defensa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, ha pedido la nulidad del proceso porque parte de la documentación aportada al juzgado de instrucción se obtuvo de modo "ilícito".

La infanta ha aguantado impertérrita las más de ocho horas de juicio y no ha cruzado durante ese tiempo mirada alguna con su marido, sentado en la bancada tres sitios a su izquierda.

Sentada siempre en la misma postura (espalda recta, piernas sin cruzar con las manos entre ellas palma con palma) y con semblante serio, no ha hecho prácticamente ningún gesto, mientras el resto de acusados sí dejaban entrever el cansancio acumulado en sus movimientos nerviosos.