Fernández Díaz: "No se acusó al Estado cuando hubo filtraciones contra el PP"

Madrid, Barcelona/El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (PP), se ha mostrado contrario a las filtraciones porque "hacen daño a las instituciones" y ha afirmado que cuando las filtraciones han perjudicado a miembros de su partido, "por ejemplo en el caso Gürtel, no acusamos a España de haberlo hecho".

Fernández Díaz, que ha participado en Barcelona en el Fórum Europa-Tribuna Catalunya, ha informado de que la división de asuntos internos de la Policía ya ha iniciado una investigación para averiguar la "veracidad" y quién filtró el "borrador" policial que implica a Artur Mas y a otros dirigentes de CiU en cuentas en paraísos fiscales en relación con la trama del Palau de la Música. Según ha explicado Fernández Díaz, los borradores policiales no son documentos definitivos y por eso no se elevan al Juzgado sino que pueden elaborarse a raíz de confidencias u otros elementos de investigación que tiene la Policía, aunque ha insistido en que aún desconoce este "borrador" policial desvelado por el diario El Mundo.

El ministro, que ha reiterado que se enteró de la existencia del documento a través de la prensa, ha recordado que él mismo tuvo que comparecer dos veces en el Senado por otras filtraciones policiales que implicaban a dirigentes de su partido y que "cuando el PP, mediante filtraciones de la Policía o del Juzgado, salía perjudicado, nunca hemos dicho que era España o el Estado quien actuaba contra aquellas personas".

Fernández Díaz ha lamentado de esta forma que el candidato de CiU a la Generalitat, Artur Mas, opinase que el Estado español le intenta "destruir" desde sus "cloacas". Fernández Díaz ha afirmado que como ministro no tiene conocimiento de todos los documentos que elabora la Policía Nacional, que tiene 72.000 miembros, o la Guardia Civil, con 83.000 agentes, y que en cualquier caso los borradores policiales son "documentos de trabajo no definitivos" que contienen información que aún no está suficientemente contrastada para elevarla a las instancias judiciales.

Tras insistir en la necesidad de preservar la presunción de inocencia, el ministro ha puntualizado que "en determinadas acusaciones", en referencia a este documento que implica a los dirigentes de CiU con cuentas en paraísos fiscales con dinero procedente del Palau de la Música, "yo creo que sería bueno que todos pudiésemos saber la verdad, pero partiendo de la base de la presunción de inocencia de personas e instituciones".

Fernández Díaz, que ha expresado "un respeto extraordinario por los Mossos d'Esquadra, que es una gran policía", ha insistido en que le gustaría saber quién ha filtrado el documento, aunque ha añadido: "por experiencia sé que será difícil averiguarlo".

El ministro ha dicho que las filtraciones son "una práctica que no es nueva, por desgracia, y mi partido ha sufrido muchas filtraciones" y, tras señalar que "generan indefensión", ha recordado que cuando han afectado a su partido "nunca hemos dicho que España o el Estado estaban actuando contra nuestro partido". Entre otras cosas, también ha recordado que cuando CiU y PNV presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la LOAPA "nadie consideró que estaban actuando contra España". También ha recordado que desde que es ministro ha cesado a varios funcionarios por filtrar documentos y ha asegurado que si existe y se ha filtrado el documento contra los dirigentes de CiU es por parte "de personas que van contra la ley" y que "cuando acabe la investigación que he ordenado, será el momento de informar y actuar".

Manos Limpias denuncia el caso ante el fiscal general

Asimismo, el colectivo Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el fiscal general del Estado contra el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia. A juicio de Manos Limpias, que en su denuncia recoge los datos publicados por El Mundo, la familia Pujol podría haber incurrido en una serie de delitos económicos, cuyo órgano competente para enjuiciarlos sería la Audiencia Nacional.

Para este colectivo, los delitos que supuestamente podrían imputarse a la familia son uno contra la Hacienda pública, otro de blanqueo de capitales, otro de tráfico de influencias y uno de negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades