Ex altos cargos, 'puertas giratorias' y subvenciones a partidos
En el Portal de la Transparencia hay más de medio millón de registros. El PSOE critica que no se haya publicado la declaración de bienes de 257 altos cargos y la fundación Civio y Access Info Europe que haya que identificarse con el DNI electrónico y una clave.
Madrid/El sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es uno de los datos más llamativos del Portal de la Transparencia que este miércoles ha visto la luz, con más de medio millón de registros desde subvenciones a contratos públicos. Además de los sueldos de ministros y altos cargos, el Portal de la Transparencia también ha permitido conocer las indemnizaciones que han recibido los altos cargos que han cesado en su cargo. Destacan los 236.789 euros en dos años que ha cobrado el ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura Sánchez, o los 149.945 de Antonio Colino, ex consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Otro de los aspectos más llamativos del portal es la posibilidad de conocer el destino laboral de algunos de los antiguos altos cargos que han solicitado una autorización para ejercer la actividad privada. Por ejemplo, Borja Adsuara, hasta 2013 director de Red.es, fue autorizado en julio pasado a trabajar en cinco empresas o instituciones diferentes. El antiguo embajador de España en Francia, Carlos Bastarreche, ha pasado a trabajar en Airbus. Así hasta un total de 12 altos cargos, que han pasado de desempeñar puestos de responsabilidad en la administración a trabajar en universidades, bufetes de abogados o empresas de tecnología.
También se han conocido de forma conjunta y en una única aplicación -ya las publicaba el BOE- las subvenciones que perciben los partidos políticos. En cabeza se sitúa el PP, con 25 millones de euros en 2014 por gastos ordinarios, seguido del PSOE con 14 millones y la Izquierda Plural, con 2,4 millones, a los que hay que sumar las ayudas para seguridad y para la campaña de las pasadas elecciones europeas. Podemos, el partido de Pablo Iglesias, ha percibido por esos comicios 112.439 euros.
Más allá de los datos, el Gobierno se ha felicitado por que la puesta en marcha de este portal permita a los ciudadanos conocer informaciones y datos sobre la administración hasta ahora poco accesibles y formarse una opinión sobre las diferentes formas de gobernar para, por ejemplo, ejercer su derecho al voto. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón (que cobra, por cierto, 110.363 euros brutos) ha destacado que ha sido el Gobierno del PP el que ha puesto en marcha esta ley, la primera en democracia que establece nuevas obligaciones a la administración y a los gobernantes, y da nuevos derechos a los ciudadanos.
Entre los límites a la información, ha recordado los datos sensibles sobre la defensa nacional y los intereses económicos del Estado, o informaciones de carácter personal, protegidas por la Ley de Protección de Datos. Además, en el caso de que una información no esté disponible en el portal, cualquier ciudadano podrá solicitarla a través de un formulario en línea y la administración deberá contestar en un plazo máximo de 30 días. Ayllón ha subrayado que si el ciudadano no está de acuerdo con la información facilitada, podrá recurrir ante el Consejo de la Transparencia o incluso ante los tribunales.
Por el contrario, el PSOE ha tildado de "fraude" el nuevo portal de transparencia al dejar sin publicar la declaración de bienes de 257 altos cargos, entre ellos varios secretarios de Estado y unos 80 embajadores. La diputada socialista Isabel Rodríguez ha asegurado que el portal entra en vigor con mal pie y ha recalcado que el Gobierno del PP está "incapacitado" para hablar de transparencia. "El Gobierno debe ser realmente transparente y cuando dice que va a hacer transparencia, realmente la haga. No valen discursos y palabras, sino hechos", ha reclamado.
En esta misma línea, la fundación Civio y Access Info Europe han denunciado las "trabas" que, a su juicio, impone el nuevo portal, que obliga a identificarse con el DNI electrónico y pide claves a los ciudadanos que reclamen de forma activa datos concretos a la administración.
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