La España de las dos velocidades de Iglesias

La Constitución reconoce la autonomía de las "nacionalidades y regiones" que integran España. Esa era la idea en 1978, un país donde habría nacionalidades -es decir Cataluña, País Vasco y Galicia- y regiones -todas las demás-, que ya gozaban de una preautonomía. El término del "café para todos" viene de entonces, del momento en que España se articuló en preautonomías. Las tres primeras iban a contar con un Parlamento propio y un Gobierno autónomo; las demás, con una dirección regional con algunas competencias cedidas. Sin embargo, en 1980, Andalucía rompe con el esquema de país al lograr un autogobierno como el de Cataluña; España se iba a dividir en autonomías con similares niveles de competencias. Ése fue el espíritu del 28-F.

El documento que Podemos ha presentado al PSOE para la formación de Gobierno vuelve a un esquema similar, de diferencias entre territorios, pero avanza un tanto más en el debilitamiento de España, al considerar que ésta se divide entre "naciones" y "comunidades políticas" y al poner en cuestión que la soberanía nacional resida sólo en el pueblo español. También propone colocar un tope a la solidaridad entre los territorios, una medida que afectaría, especialmente, a Andalucía y Extremadura.

La reforma constitucional de Podemos avanza hacia una soberanía compartida entre una nación, se supone que España, y otras naciones. ¿Y cuáles son éstas? Aunque no las cita, en eso se parece a la Constitución, serían también las históricas -País Vasco, Cataluña y Galicia-, aunque el documento especifica que tendrán "derecho a decidir" aquellas "naciones que lo hayan planteado con especial intensidad".

El documento de 99 páginas dedica un apartado a desarrollar el concepto de plurinacionalidad y a las reformas de la Carta Magna que son necesarios para desarrollarlo. Entre las acciones, considera prioritario celebrar un referéndum en Cataluña de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución, aunque algunos de sus portavoces han explicado que sería vinculante. Es decir que su resultado -un sí, por ejemplo, a la independencia- modificaría la Carta Magna por la fuerza de los hechos, no mediante un proceso legal. Pero, más allá del planteamiento del referéndum, las medidas propuestas por Podemos son difícilmente asumibles por el PSOE según el mandato de su comité federal. Y en el caso de Andalucía, el modelo es contrario al ideario emanado del 28-F, no propone una recentralización para diferenciar, sino una descentralización en la que España quedaría reducida a un "país de países"; ni siquiera habla de nación de naciones, sería una suerte de Suiza o de Yugoslavia.

La propuesta también indica que las naciones gozarán de elementos simbólicos y representativos, de tal modo que En Comú Podemsostiene que el DNI de los ciudadanos españoles especificará a qué nación pertenece.

El concepto de nación, por tanto, no sería una veleidad semántica, sino que incluiría el derecho a decidir su relación con el Estado; también la independencia. La reforma constitucional de Podemos supone tal cambio que España dejaría de ser un país como el resto de los de la Unión Europea. El PSOE entiende que el llamado derecho a decidir sólo fue un subterfugio de los soberanistas catalanes para aprobar el derecho a la independencia. El de la autodeterminación, utilizado durante décadas por ETA después de la llamada Alternativa KAS, también significo eso, aunque mediante el uso de la violencia. Por eso, el PSC lo apoyó al principio, porque entendió que se trataba de una fórmula apoyada por los soberanistas no para la independencia, sino para lograr un mejor encaje de Cataluña en España.

Pero el texto de Podemos va más allá, al proponer una reforma de la financiación de las autonomías que consagra el principio de ordinalidad, un límite a la solidaridad entre comunidades. Según este principio, las comunidades serían ordenadas en función de la cantidad que ingresan por habitante mediante la recaudación de impuestos. El puesto de cada una en ese ranking no se podría alterar al compararlo con la relación del gasto por habitante, de tal modo que las comunidades más ricas, que ingresan más, gastarían más o nunca menos que otras más pobres.

El PP catalán aceptó este principio, aunque posteriormente lo descartó, y el PSOE lo lleva en su Declaración de Granada, aunque con matices. El Constitucional, en la sentencia de 2013 relativa al Estatuto catalán, consideraba que este principio debe ser "de limitado alcance", no una obligación del Estado, y que la solidaridad "no debe ir más allá de lo necesario". La ordinalidad se introdujo en la Constitución federal alemana como consecuencia de la integración de los länder del Este, aunque el mecanismo de corrección nunca se ha puesto en marcha. En otros estados como EEUU no se guarda. Nuevo México, por ejemplo, es el 46º en ingresos per cápita y el cuarto en gasto.