El Ejecutivo no pagará a Del Río la multa y se la descontará de su deuda

Madrid/El Gobierno no pagará a la etarra Inés del Río la multa de 31.500 euros que la sentencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH) le ha impuesto al Estado y se los descontará de la deuda que mantiene con éste al haber sufragado las indemnizaciones a las víctimas de sus atentados. El TEDH, que ha ordenado la excarcelación de Del Río, condenada a más de 3.000 años por 23 asesinatos, exige al Estado español que indemnice con 30.000 euros a la etarra por los daños morales de haber pasado en prisión más tiempo y con 1.500 por las costas del proceso judicial.

Según ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Estado no pagará a Del Río estas cantidades, ya que tuvo que hacerse cargo de las elevadas indemnizaciones por resarcimiento a las víctimas de sus atentados porque ella se declaró insolvente. El Estado anticipó ese importe con cargo a los presupuestos públicos y, por tanto, es una deuda que Inés del Río mantiene con él, ha subrayado Ruiz-Gallardón, que ha recordado que todavía no ha prescrito el derecho de la Administración estatal de reclamar a la condenada esa cantidad que adelantó.

Han sido los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, los encargados de expresar el dolor del Gobierno por la decisión de la corte europea y de manifestar su apoyo a las víctimas del terrorismo tras una resolución de la que han confesado no están "especialmente felices". De todos modos, ambos ministros han recordado que el Ejecutivo ha hecho todo lo que está en sus manos y ha empleado todos los instrumentos a su alcance para mantener una doctrina que en 2006 sentó el Tribunal Supremo y avaló después el Constitucional y cuyo objetivo era impedir que se castigara igual al que comete un asesinato que al que perpetra 20.

Pese al fallo, el Gobierno ha hecho una llamamiento a la tranquilidad porque el Estado no queda "inerme" ante delitos de especial gravedad, ya que la sucesivas reformas del Código Penal y la que está en marcha endurecen las condenas. Que la sentencia se produzca en estos momentos no evita, a juicio de Gallardón, que le duela al Gobierno "y de forma muy intensa" y que sea solidario con el dolor de las víctimas. Y para que no se las humille ante "eventuales excarcelaciones" y con actos de enaltecimiento a los terroristas que podrían salir en libertad, Fernández Díaz ha sido tajante y ha asegurado que las fuerzas de seguridad estarán "especialmente vigilantes" para que esto no se produzca.

"Una eventual libertad no va a suponer impunidad para violar la ley", ha resaltado el titular de Interior, quien no obstante ha aseverado que los agentes no van a ir "ni más allá ni más acá" de lo que marca la ley, pero si los etarras son recibidos como "héroes" actuarán. Tampoco la política penitenciaria se verá alterada tras la decisión de la Corte europea, ni tampoco la lucha contra ETA y su entorno. Al Gobierno, ha dicho Fernández Díaz, "no le temblará el pulso" en las actuaciones contra la banda, como la que recientemente la Guardia Civil desarrolló contra Herrira, el entramado de apoyo a los presos.

La sentencia se ha producido justo dos años después del segundo aniversario del comunicado de cese definitivo de la violencia de ETA, una organización que, según el ministro del Interior, ha sido derrotada y "no volverá" "Quiero reafirmar hoy que ganaron los demócratas a los terroristas, que la ETA que hemos conocido ya no existe. Esa ETA ha sido derrotada y no volverá", ha enfatizado Fernández Díaz antes de reiterar que no se ha negociado ni se negociará con la banda.

Respecto a la política penitenciaria, el Gobierno seguirá aplicando la ley porque el fallo "en ningún caso altera el firme compromiso" del Ejecutivo y las fuerzas políticas de seguir trabajando "para la total disolución de la banda". Opinión compartida por el titular de Justicia. "La lucha contra el terrorismo que empezó hace 40 años y que hemos ganado los demócratas continuará con absoluta firmeza".

La resolución de la gran sala del TEDH, que es definitiva y no puede ser objeto de recurso, pide -con 16 votos contra 1- la excarcelación de la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos. La Corte europea dice por unanimidad que España vulneró el artículo 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y -por 15 votos contra 2- el artículo 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.