Editorial: Imputación de una Infanta

EL juez José Castro, que instruye desde hace tres años la causa contra Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres por haberse embolsado 5,8 millones de euros a través de un instituto sin ánimo de lucro y gracias a las influencias del primero, dictó ayer un auto imputando también a la infanta Cristina de Borbón, esposa de Urdangarín e hija de los Reyes de España, por supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El juez ha dedicado nueve meses a reconstruir la trayectoria tributaria y financiera de la infanta y ha estimado que las actividades delictivas del ex jugador de balonmano habrían sido imposibles sin el conocimiento y la aquiescencia de su esposa, con la que compartía la propiedad de una sociedad instrumental creada por el duque de Palma para desviar los fondos obtenidos mediante el Instituto Nóos. Ya con anterioridad el instructor había imputado a Cristina de Borbón en el mismo sumario, aunque aquel auto fue desautorizado por la Audiencia de Palma tras haberse opuesto al mismo la Fiscalía Anticorrupción -hasta entonces plenamente coincidente con las iniciativas del juez- y la Abogacía del Estado, que defiende el interés público. La imputación solamente fue respaldada por el sindicato Manos Limpias, de dudosa reputación, que está personado en la causa y que ahora vuelve a apoyar al juez en su segundo intento de implicar a la Familia Real en este sonado escándalo de corrupción. Al tiempo que destacamos una vez más que el sistema democrático se rige por el imperio de la ley, la independencia del Poder Judicial y la igualdad de los ciudadanos, hay que subrayar también que el principio de la presunción de inocencia tiene rango constitucional y carácter intocable, lo que implica que la hija menor del rey Juan Carlos es inocente mientras no se demuestre lo contrario. También, que el auto de Castro puede ser objeto de recurso y que con toda seguridad la Audiencia Provincial, como en la anterior imputación, habrá de pronunciarse en el sentido de ratificar la implicación de la Infanta o anularla. Lo lamentable es que, decida lo que decida, la lentitud en el funcionamiento de la Justicia (esta instrucción dura ya tres años) hace que los imputados sufran la llamada popularmente "pena de telediario", al convertirse en centro de la atención mediática sin haber sido juzgados. En el caso de la infanta Cristina, las diligencias que pesan sobre ella no dejan de afectar a la Familia Real y de contribuir al deterioro de la máxima institución del Estado. La Casa Real fue clara ayer: "Respetamos todas las decisiones judiciales". Es lo que hay que hacer. Ahora y cuando la Audiencia se pronuncie de forma definitiva.