Sánchez se propone acercar a los presos de ETA enfermos y ancianos

Revisión de la política penitenciaria

El presidente del Gobierno promete "empatía" a las víctimas y asegura que Rajoy ya pactó con el PNV este paso

La medida afecta a 24 reclusos, entre ellos Santi Potros, el inductor de Hipercor

Pedro Sánchez y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en la sesión de control al Gobierno el miércoles en el Congreso. / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió el miércoles el "apoyo" del Parlamento para cambiar la política penitenciaria y acercar a Euskadi a los presos de ETA, lo que empezaría por los enfermos terminales y los de mayor edad y se haría de forma progresiva, individualizada y "siendo empáticos con las víctimas".

Sánchez planteó este asunto al pleno del Congreso en su comparecencia para informar del Consejo Europeo. Dos días después de su reunión en Moncloa con el lehendakari, Íñigo Urkullu, el a defendió en sede parlamentaria que, una vez que ETA ha desaparecido tras ser derrotada por la democracia, su responsabilidad como Gobierno es "revisar" la política penitenciaria y "adecuarla a la nueva realidad".

Más tarde, en una conversación informal con periodistas, se mostró partidario de empezar por los "enfermos terminales y los que tienen 70 años".

Sánchez sugirió que el Gobierno de Mariano Rajoy ya había pactado con el PNV dar este paso y descartó reunirse con las asociaciones de víctimas, lo que ya ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó.

Un total de 24 presos de ETA cumplirían los requisitos anunciados por Sánchez para iniciar el proceso de acercamiento de los reclusos a cárceles cercanas a Euskadi. Se trata de tres históricos de ETA que superan los 70 años de edad: Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros; Joseba Arregi Erostarbe, Fitipaldi; y Sebas Etxaniz Alkorta. Además, 21 presos padecen enfermedades graves, según fuentes cercanas a los condenados de la banda.

Santi Potros, ex jefe del aparato militar de ETA, nacido en Lasarte (Guipúzcoa) el 2 de febrero de 1948 y detenido el 30 de septiembre de 1987 en Anglet (Francia), fue el inductor del atentado de Hipercor de 1987, el más sangriento de la historia de ETA con 21 muertos y 45 heridos, y el de la plaza República Dominicana de Madrid, cometido el 14 de julio de 1986, en el que fallecieron 14 agentes de la Guardia Civil y hubo 32 heridos.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, señaló por su parte que se hará un estudio individualizado "caso por caso", que determinará si es oportuno o no el acercamiento de un preso teniendo en cuenta circunstancias como la edad avanzada, el estado de salud, el rechazo a ETA o la parte de la condena que haya cumplido.

Marlaska pidió al PP que no tergiverse. "No confundan acercamiento con progresión de grado o con permisos porque son cuestiones distintas y tienen requisitos distintos", señaló en la sesión de control en el Congreso en respuesta al diputado del PP Javier Maroto, que criticó duramente el anuncio del Ejecutivo de acercar presos etarras.

En la actualidad, cumplen prisión en centros penitenciarios españoles un total de 239 reclusos por acciones terroristas de la banda, de los que 230 pertenecen al Colectivo de Presos de ETA, EPPK; seis son disidentes, enmarcados en el entorno del Movimiento por la Amnistía y contra la Represión; y tres pertenecen a la vía Nanclares -los arrepentidos que se han desvinculado de la banda-.

La ex vicepresidenta del Gobierno y candidata a liderar el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió al presidente del Gobierno de que "la política penitenciaria debe hacerse desde los principios de la política penitenciaria" y no para "pagar letras" por los apoyos recibidos en la votación de la moción de censura que expulsó a Rajoy de La Moncloa.

La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) recordó a su vez que muchos agentes del Instituto Armado fueron "acercados a cementerios" en los 50 años de actividad criminal de la banda terrorista.

Indignación entre las víctimas ante la “indecente” iniciativa

Las víctimas del terrorismo recriminaron ayer al Gobierno las “prisas” al anunciar el acercamiento de presos de ETA antes de promover un relato que las dignifique y dejaron claro que su memoria “no se vende” porque “ninguna hipoteca política puede saldarse a su costa”. Un mensaje claro que lanzaron diversos representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo reunidos este miércoles en el Congreso con motivo del tradicional homenaje que la Cámara Baja les brinda, presidido por su presidenta, Ana Pastor, y al que acudieron diputados de todos los grupos, excepto Bildu. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, no dudó en recriminar al Ejecutivo sus planes. “Cuesta entender las prisas de algunos por hablar de beneficios más que de promover un relato que dignifique a las víctimas”, subrayó en su discurso en la sala Constitucional del Congreso, donde reclamó un relato del terrorismo “sin ambigüedades ni equidistancias”. “No puede haber ninguna medida de gracia para quien no se ha arrepentido de su pasado ni han mostrado el más mínimo interés por colaborar con la Justicia a esclarecer los crímenes sin resolver”, insistió la presidenta de la Fundación, que recordó que la política de dispersión está avalada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sorprendida por el anuncio de Sánchez se mostró también la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, que consideró “preocupante” que el “primer pronunciamiento” del presidente haya sido “preocuparse primero” de los terroristas de ETA y no de las víctimas. “La verdad es que nos ha descolocado un poco”, señaló. Más duras fueron las palabras de la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza, que tildó de “indecente” que Sánchez esté dispuesto a comenzar el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco empezando por los de mayor edad. Es “lo más dañino” que puede hacer el jefe del Ejecutivo hacia las víctimas y sus familias, lamentó Pedraza. La presidenta del Congreso tuvo por su parte unas breves palabras al inicio del acto para recordar que, además de ser un “imperativo civil” honrar y recordar a las víctimas del terrorismo, hay que trabajar para que prevalezcan los valores de convivencia y paz que ellas representan en una sociedad libre y democrática.