Doble órdago a la Iglesia con el aborto y la laicidad

Se atrevió. El PSOE abrió sin titubeos un doble melón. Aborto más laicidad. El ruido eclesiástico está garantizado, pero no los reproches de la militancia, deseosa de un gesto revelador: el Comité Federal remarcó su perfil más vanguardista justo en su última asignatura pendiente. El tacticismo del 9-M, que apenas propició la promesa de "abrir una reflexión" sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se ha transformado en un decidido paso en favor de una ley de plazos. Ni rastro de la necesidad de consensuar la reforma con el PP.

Fue Carmela Silva la encargada de desgranar los ejes de la futura norma. Lo hizo entre aplausos continuos, prueba irrefutable de la satisfacción imperante en el Palacio de Congresos. "Queremos garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva; es necesario revisar, tras 23 años marcados por los cambios sociales y médicos, la normativa vigente en España; se apoyará la reelaboración de la ley del aborto y [la ministra de Igualdad, Bibiana] Aído creará un grupo de expertos" que analice hasta dónde permite avanzar la Constitución.

Aunque se desconocen las causas del cambio de postura, el PSOE no parece ir de farol. El proceso de discusión y estudio que se alienta ahora tendrá que respetar unos mínimos intocables. Por ejemplo, la equidad territorial en la prestación del servicio, que será incluido en la red sanitaria pública. O la garantía de la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las mujeres y los profesionales que las atienden. O el respeto al derecho a decidir. "Prometimos una reflexión en el programa electoral y ahora avanzamos más aún", proclamó Silva.

No fue el único debate potencialmente espinoso. La eutanasia, rebajada a un segundo plano mediático por el impacto del aborto, será progresivamente introducida en el ordenamiento jurídico. Ramón Jáuregui describió la secuencia, que comenzará con el reconocimiento de un puñado de nuevos derechos para el enfermo -sedación paliativa, testamento vital, prohibición del encarnizamiento terapéutico- y se aproximará a ese otra realidad tan repudiada por la Iglesia: la posibilidad de recibir ayuda para morir en casos extremos.

Más dolores de cabeza dará a los obispos la ley sobre laicidad, que perseguirá una eliminación lenta pero segura de los símbolos religiosos en los actos oficiales y los lugares públicos. La sensatez se impuso en este caso, ya que el documento finalmente aprobado relaja la agresividad inicial. Jáuregui se refirió a los funerales de Estado, "donde no hay una liturgia alternativa". "Además, hay que respetar el deseo de las familias". No cuajó una enmienda de Izquierda Socialista destinada a revisar los acuerdos con la Santa Sede. "Lo que la Iglesia debe comprender -deslizó el diputado- es que ya toca que reconozca la pluralidad de la sociedad española y la interprete en el contexto de una disposición constitucional que no obliga ni mucho menos al Estado a mantener para siempre unas relaciones de privilegio con ella". Aun así, el texto incluyó un guiño tranquilizador al asegurar la "cooperación con las distintas confesiones religiosas teniendo en cuenta las creencias religiosas de los españoles".

Con sobriedad quizás excesiva se trató el problema terrorista. "Las conclusiones de la ponencia se adecuan a la realidad del momento", despachó Jáuregui. Diálogo cero con ETA, pues. La discusión sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía tampoco ocupó demasiado al dirigente vasco, que se limitó a prometer el cumplimiento de la ley en todo el país y, especialmente, en las comunidades gobernadas por el PP. "En Valencia la están impartiendo en inglés", se quejó.