Crece la presión de ex dirigentes socialistas contra la amnistía que pide Puigdemont

Madrid/La ley de amnistía que exige el expresidente catalán Carles Puigdemont para empezar a negociar una investidura de Gobierno en España ha sido rechazada por ex dirigentes socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo Terreros, Jordi Sevilla y, este mismo viernes, Joaquín Almunia y Javier Lambán, aumentando así la presión sobre el PSOE.

El expresidente del Gobierno Felipe González fue uno de los primeros en expresar públicamente su rechazo cuando en una entrevista radiofónica el pasado martes aseguró que en el marco de la Constitución no caben la amnistía ni la autodeterminación.

En su opinión, si hay una amnistía eso supone reconocer que los dirigentes del procés hicieron lo correcto, que el "sistema represor" les culpó injustamente, que ellos fueron las víctimas y que, por tanto, pueden volver a hacerlo.

Mucho más duro y contundente, el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que fue número dos de González, pidió al PSOE no hacer una ley de amnistía considerar que es "la condena de la Transición" y "una trampa" de los independentistas que, en su opinión, "no cabe" en la Constitución.

"Yo no me resigno, no aguanto eso, no lo voy a soportar", llegó a decir en otra entrevista radiofónica el jueves.

Otros socialistas históricos han expresado recientemente su rechazo a la ley de amnistía, entre ellos el ex ministro Ramón Jáuregui, que señaló que, tal y como la interpreta él, no es constitucional y la calificó como "una legalización encubierta de actos contra el Estado que en todo el mundo están penados" además de "un reconocimiento de la unilateralidad".

Por su parte, el exministro y ex secretario general del PSOE Joaquín Almunia ha comentado este mismo viernes que antes de hablar de una hipotética amnistía se debería reflexionar "si desde el punto de vista del interés general de la sociedad hay condiciones" para impulsarla.

"Yo no lo veo" y "no hay condiciones para una amnistía" en este momento, ha dicho, y ha afirmado que, para que pudiera plantearse, Junts tendría que hacer primero autocrítica sobre sus actos en 2017 y reconocer sus errores.

También ha rechazado abiertamente la ley de amnistía el ex líder del PSE Nicolás Redondo, para quien "acordar una amnistía con una persona que se ha fugado de España, pero no ha asistido a los juicios que le corresponden solo por hacer un Gobierno, es dinamitar el sistema del 78".

Y muy escueto, el exministro socialista Jordi Sevilla se limitó escribir esto en la red social X (antigua Twitter) tras la comparecencia de Puigdemont en la que planteó sus exigencias para una investidura, entre ellas una ley de amnistía.

"Oído Puigdemont, pido elecciones. Y ahí lo dejo", indicó.

Por su parte, el expresidente aragonés y senador autonómico Javier Lambán, muy crítico habitualmente con la gestión del Gobierno de Sánchez al igual que Page, ha dicho este viernes que una ley de amnistía "no cabe en la Constitución" y "abriría una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla directamente a pique".

El único dirigente socialista en activo que ha planteado críticas a una ley de amnistía ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el barón más poderoso del PSOE en la actualidad, que considera que "vulnera el principio de igualdad ante la ley" y "choca con la Constitución".

Sobre estas críticas, en el PSOE se limitan a decir que "las opiniones, opiniones son", y algunas fuentes de la Ejecutiva Federal socialista expresan su respeto a todos estos exdirigentes pero reclaman otra forma de hacer política porque "el presente no es el mismo".

El PSOE mantiene la discreción sobre las negociaciones con Junts para una hipotética investidura del secretario general socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras el intento el 26 y 27 de septiembre del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, sobre la exigencia planteada por Puigdemont en nombre de Junts para hacer una ley de amnistía, tanto los miembros socialistas del Gobierno en funciones como los responsables de la Ejecutiva Federal del PSOE se limitan a señalar en público que la Constitución es el marco para cualquier negociación.

Y dicen que quien debe determinar si esta ley de amnistía es constitucional debe ser el Tribunal Constitucional.