Los Consistorios de Santa Coloma, San Andrés y Badalona dejaron de ingresar 45 millones de euros

Los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de LLavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas desarrolladas por la presunta trama de corrupción desmantelada con la Operación Pretoria, según consta en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a prisión al presunto cerebro de la trama, el ex diputado del PSC Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco.

La resolución judicial de Garzón, dictada después de tomar declaración durante más de siete horas a los nueve detenidos en esta operación, destaca que el Ayuntamiento de San Andrés de Llavaneras dejó de percibir un total de 17,6 millones por tres actuaciones urbanísticas realizadas por esta red; el de Badalona 14 millones y el de Santa Coloma de Gramanet otros 13 millones de euros.

Siete de los nueve imputados formaban "un grupo organizado de personas" dirigido por Luis García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.

La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán", según apunta Garzón, quien ha investigado la 'Operación Pallaresa' de Santa Coloma, concerniente al Centre Comercial Gramenet (2001-2005), la 'Operación Badalona' (2002-2004) y las tres actuaciones desarrolladas por la empresa 'Niesma' en San Andreu de Llavaneras.

Además, se están investigando posibles irregularidades en otras actuaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma, como el Parking y el Mercado del Fondo, Moraguas y Banús, la CIBA, la operación de Doctor Ferrán y varios proyectos de guarderías -todos ellos desarrollados a través de las actividades de la empresa pública Gramepark-, así como la desviación de fondos de cohesión europea y pagos por la obtención del contrato de limpieza a Limasa.

El juez también puso en libertad bajo fianza al director gerente de Servicios del municipio, Pasqual Vela (que tendrá que abonar una fianza de 25.000 euros); y a los tres empresarios detenidos: el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana (con fianza de 500.000 euros) ; el de Proinosa, Josep Singla (500.000 euros); y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros).

Concursos amañados

En todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".

Para asegurar la efectividad de la acción, la empresa adjudicataria "nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés".

"La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio", detalla Garzón, quien añade que seguidamente a la recalificación "el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación". De esta forma, todo el beneficio "quedaba en poder de los intermediarios" en operaciones "sin lógica comercial alguna".

Reparto de comisiones

Según el auto, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones Niesma y Badalona. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismos oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al "lavado (blanqueo)" de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.

Así, Espais y Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM) pagaron a Poliafers (sociedad de Prenafeta) 1,4 millones de euros y éste entregó a Versabitur (empresa de Alavedra) 487.500 euros en 2005, cantidad muy superior a la que le correspondía (25.907 euros) por su participación a través de Promogroup Deu. Mediante esta empresa Alavedra habría recibido 1,2 millones de euros.

Por su parte, el ex diputado de PSC Luis García habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, "uno de los máximos responsables de la trama y por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma", se erigió "en una especie de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución".

El alcalde, Bartomeu Muñoz, habría recibido este año del empresario Manuel Carrillo 18.481 euros por la prórroga del contrato de limpieza y la esponsorización de unas actividades municipales. Además, Garzón le imputa la alteración del destino de 1,3 millones de euros de fondos de cohesión europeos a partir de la "fabricación de una factura falsa justificativa". La actividad de la trama también habría beneficiado al empresario José Singla en varias adjudicaciones.

Además, el instructor detalla que Dobarco participaba en "todas las iniciativas" de Luis García y Bartomeu Muñoz desde su puesto de concejal de Urbanismo y que el director gerente de Servicios, Pasqual Vela, buscaba empresas para proyectos de construcción de guarderías y habría eludido poner en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito de defraudación de subvenciones de la UE.

Variedad de delitos

Por todas estas actividades, el juez Garzón imputa a Alavedra y Prenafeta los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. A Casamitjana le acusa de estos mismos delitos más el de fraude fiscal y a Luis García los tres primeros más los de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial.

Además, Garzón acusa al alcalde de Santa Coloma de Gramenet de asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales y falsedad en documento oficial; a su concejal de Urbanismo de todos estos delitos menos cohecho, y al director gerente de Servicios de fraude y encubrimiento. Los otros dos empresarios son imputados por un delito de cohecho (Carrillo) y asociación ilícita y tráfico de influencias (Singla).