El Consejo de Europa alerta del "riesgo de politización" de la Justicia española

Estrasburgo/La corrupción en España mina la credibilidad de sus instituciones, según un informe del Consejo de Europa, que recomienda un código de conducta parlamentaria y fortalecer la independencia de jueces y fiscales. Asimismo, alerta del "riesgo de politización" que sufre la el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la forma de elección de sus miembros.

El informe hecho público por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) de la organización paneuropea expresa su preocupación por la "proliferación de escándalos de corrupción que atentan contra la credibilidad de las instituciones políticas en España". Sin citar los escándalos, el informe constata que España "ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios".

Recuerda además que la crisis económica "ha acrecentado la amplitud de la desilusión y de la desconfianza de los ciudadanos", lo que ha hecho que "la cuota de confianza en la clase política y los partidos sea bajísima". Entre las recomendaciones que hace el texto, destaca la adopción de un código de conducta parlamentaria, que guíe a los políticos en la prevención de conflictos de intereses, regalos e intereses financieros, y la introducción de reglas sobre la relación con los grupos de presión.

El informe es el cuarto que realiza el Greco sobre España y tiene como objetivo analizar el cumplimiento de los estándares del Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción. En concreto, se evalúa la "Prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales". Para la elaboración del informe, el Greco (organismo del Consejo de Europa al que pertenecen sus 47 estados miembros más EEUU y Bielorrusia) envió un cuestionario a las autoridades españolas y un grupo de expertos realizó una visita a España entre el 10 y el 14 de junio de 2013.

La delegación estaba compuesta por Yves Marie Doublet, director adjunto de la Asamblea Nacional francesa; James Hamilton, ex fiscal general de Irlanda; Hans Nelen, catedrático de Criminología en la Universidad de Maastricht (Holanda); y Djuro Sessa, juez del Tribunal Supremo croata. Durante su visita, mantuvieron encuentros con jueces, fiscales, parlamentarios del Congreso y el Senado, representantes del Ministerio de Justicia, ONG, académicos y periodistas.

En el ámbito judicial, los expertos alertan del "riesgo de politización" que existe en el CGPJ, por "el modo de elección que permite a los partidos políticos repartir los puestos del CGPJ entre sus candidatos". Ante esta situación, recomienda que se analice el marco legislativo que lo rige y "sus repercusiones sobre la independencia efectiva y percibida de este órgano". El informe también pide incluir "criterios objetivos" y "reglas de evaluación" para nominar a altos funcionarios judiciales.

En este sentido, pide que la elección de los jueces de los tribunales Constitucional y Supremo y los presidentes de tribunales provinciales y superiores de justicia sean nominados "sin dudas sobre su independencia, imparcialidad y transparencia del proceso".

En cuanto a la figura del fiscal general del Estado, el informe solicita revisar el método de selección, ya que, a pesar de todas las garantías, la "percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante". Así, pide que se realicen esfuerzos para que la Fiscalía "sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa". Asegura que, salvo casos aislados, "no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales".

El informe destaca la aprobación de la nueva ley de transparencia que entró en vigor hace un mes, la labor que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción y el papel que ha desempeñado el poder judicial español en el perfeccionamiento de las reglas deontológicas judiciales latinoamericanas. Los expertos del Greco lamentan que España estuviera en 2008 entre los 20 países menos corruptos del mundo y el año pasado se situara en el puesto número 30.

Las autoridades españolas deberán presentar un informe antes del 30 de junio de 2015 con las medidas adoptadas relativas a las recomendaciones realizadas.