Un Congreso dividido aprueba la amnistía de los independentistas

La amnistía a los condenados y procesados por los intentos de independencia de Cataluña ha sido aprobada esta mañana de jueves en el Congreso por un voto más de la mayoría absoluta, la necesaria para levantar el veto previo del Senado. Han votado a favor 177 diputados y, en contra, 172, que es básicamente la línea que separa a quienes apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de quienes se opusieron. Se ha ausentado la diputada andaluza de Podemos Martina Velarde.

En una sesión muy bronca en la que ha quedado clara la fractura entre derechas e izquierdas, la ley ha recibido el apoyo de los partidos independentistas y nacionalistas, de Sumar, de Podemos y del PSOE, de tal modo que se publicará en el BOE la semana próxima y comenzará a aplicarse desde ese instante. La demora se debe a que se tiene que publicar antes en el boletín oficial del Congreso y ser refrendada por el Rey, que este fin de semana se encuentra de viaje oficial en El Salvador. Después, serán los jueces quienes deban extinguir las condenas y anular los procesos y medidas cautelares que estén en vigor, aunque se presentarán cuestiones de constitucionalidad que demorarán algunos casos durante varios meses. Se calcula que se beneficiarán unas 400 personas.

Los independentistas catalanes no han entendido esta ley como una reconciliación, sino como una "victoria" que le han arrancado al Estado español. "No es un día de perdón ni de clemencia, es una victoria", ha dicho la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha dejado claro que su partido no cejará hasta conseguir la independencia. En un tono similar se ha manifestado el líder de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián, que ha proclamado que esta ley de amnistía es "la primera derrota del régimen del 78".

Por lo escuchado esta mañana en el Congreso, la ley no conseguirá una normalización de la vida en Cataluña, aunque el resultado de las recientes elecciones catalanas indican que los independentistas ya no tienen la mayoría de su mentado pueblo. Los momentos más tensos se han vivido a partir de la intervención del portavoz de Vox, Santiago Abascal, y ha tenido su punto más grave cuando el ponente socialista, Artemi Rayo, ha llamado a los diputados de este partido "filonazis" y "neofacistas".

La ley amnistía a todos los condenados y procesados entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Quedan exonerados todos los delitos, menos los de terrorismo en el caso de que se hubiese buscado el daño personal y los de malversación si hubo enriquecimiento personal. Algunos de los condenados, como Oriol Junqueras y Carmen Forcadell, han asistido al debate desde la tribuna de invitados. Sus penas de prisión se vieron reducidas por el indulto que se les aplicó en la pasada legislatura, pero aún están inhabilitados para ejercer el cargo público.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que esta ley obedece a la ambición de "un solo hombre", en referencia a Pedro Sánchez, que necesitó los votos de Junts para ganar la última investidura como presidente del Gobierno. Feijóo ha adelantado lo que ocurrirá ahora con la ley en los tribunales, porque el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, hecho que no paralizará la aplicación de la ley.

Sin embargo, los jueces sí recurrirán a un proceso que puede congelarla. Los magistrados pueden presentará cuestiones sobre dudas de la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de tal modo que no la aplicarán hasta que esta institución comunitaria se pronuncie, con lo que podría transcurrir más de un año. También es posible plantear estas cuestiones ante el Tribunal Constitucional, pero no a la vez que el comunitario.