El Congreso aprueba el ingreso mínimo vital con críticas

Madrid/El Congreso ha aprobado este viernes la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) un año y medio después de su aprobación y entrada en vigor como decreto ley, sin votos en contra, pero con críticas a un erróneo diseño que ha limitado la ayuda a menos de la mitad de los beneficiarios inicialmente previstos.

La norma pasa ahora al Senado tras ser ratificada con competencia legislativa plena por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso por 21 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, entre ellas, las del PP, Vox o EH Bildu.

La portavoz del grupo de Unidas Podemos, Isabel Franco, ha comenzado pidiendo disculpas a todos las personas que han visto denegada su solicitud de IMV y ha incidido en que su regulación lleva un año mejorándose para llegar cada vez a más gente, ya que de las 850.000 familias que se estimaron que la obtendrían en un principio, solo alrededor de 350.000 la están cobrando.

La portavoz del PP, María Teresa Angulo, ha recordado que su grupo apoyó la creación del IMV, pero que finalmente se ha convertido en un "gran fracaso", ya que se le deniega a tres de cuatro solicitantes, ejecutándose tan solo la mitad del presupuesto que tiene asignado.

Angulo ha denunciado la "confusión y el caos" que en las oficinas de la Seguridad Social ha generado una prestación que se aprobó cuando aún estaba "sin madurar" y que se ha sometido a sucesivos cambios que han terminado provocando un "galimatías jurídico".

Ha recordado que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, anunció el IMV como una prestación de carácter estatal que supliría las debilidades de las rentas mínimas autonómicas, un objetivo que considera "pervertido" por el acuerdo del Gobierno con el PNV para el traspaso de su gestión íntegra al País Vasco y Navarra, "un camino que parece que van a abrir también para Cataluña".

La portavoz del PSOE, Carmen Baños, le ha replicado que el IMV está llegando a más beneficiarios de lo que lo hacían las rentas mínimas autonómicas que llevaban años funcionando.

Ha hecho también hincapié en que la norma se está corrigiendo para subsanar los errores que se han ido detectando y llegar a más hogares, incluso de manera proactiva a familias potencialmente beneficiarias.

La portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, ha criticado que en la ley se excluya como beneficiarios a jóvenes entre 18 y 22 años que pudieran estar emancipados, lo que ha considerado una discriminación por edad que supone "condenar a la pobreza a muchos jóvenes".

Por su parte, el portavoz de Vox, Juan José Aizcorbe, ha defendido que el IMV debería restringirse a solicitantes con nacionalidad española, en lugar de a aquellos con residencia legal en España.

El 70% de las solicitudes se han denegado

Según los últimos datos difundidos por la Seguridad Social, hasta el 13 de septiembre se han recibido 1,45 millones de solicitudes del IMV, de las que se han tramitado 1,24 millones.

De las tramitadas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000 (el 70%), denegadas, la mayor parte por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa.

El objetivo inicial del IMV, aprobado en mayo de 2020, era llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas.

A 13 de septiembre había 336.933 prestaciones aprobadas correspondientes a hogares en los que viven 494.961 adultos y 304.242 menores, con lo que el 38 % de las personas beneficiarias son menores de edad.

Complemento para la infancia

Durante el trámite parlamentario de la ley, PSOE y UP han pactado la inclusión de un complemento para menores que recibirán los hogares que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar ni el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar.

El complemento será de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños hasta 3 años, de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

Con esta y otras medidas acordadas por ambos partidos, el Gobierno prevé duplicar y alcanzar 1,6 millones de personas beneficiarias.