La ponencia del Congreso incorpora a la Ley de Amnistía las enmiendas del PSOE y sus socios, con el 'sí' de Junts

Los socialistas no han votado las correcciones que proponía el partido de Carles Puigdemont

Un segundo informe de los letrados del Congreso incide en las dudas sobre la Constitucionalidad de la ley de amnistía

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La ponencia del Congreso incorpora a la Ley de Amnistía las enmiendas del PSOE y sus socios / Europa Press

MADRID/La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso que tramita la proposición de Ley de Amnistía ha incorporado este jueves al texto las ocho enmiendas que el PSOE había registrado junto con Sumar, ERC y BNG, y lo ha hecho con el apoyo de Junts.

Según han informado fuentes parlamentarias, las demás enmiendas presentadas a esta iniciativa, entre ellas las propuestas unilaterales de Junts y de ERC, quedarán vivas para volver a ser discutidas el próximo martes, cuando se reúna la Comisión de Justicia en sesión pública para continuar la tramitación.

En la reunión de este jueves, a puerta cerrada, ya han salido adelante todas las enmiendas que llevaban la firma de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y el BNG. Junts, que tiene su propio paquete de enmiendas, ha dado apoyo a todas ellas, igual que ha hecho Podemos, representante del Grupo Mixto en la ponencia.

PP Y VOX PIDEN RETIRAR LA INICIATIVA

Sólo el PP y Vox han votado en contra y han aprovechado esta reunión a puerta cerrada para incidir en que la norma es inconstitucional esgrimiendo el informe que, sobre la misma, han redactado las dos letradas de la Comisión de Justicia. Ambas formaciones han coincido en tachar de "demoledor" el informe.

Ponencia de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía, en el Palacio del Senado. / Eduardo Parra · Europa Press

Así lo ha hecho la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones en la Cámara Baja. "Tras la contundencia de este demoledor informe debería ser el propio PSOE el que retirara la proposición de ley", ha comentado. De su lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha apelado la "prudencia" para pedir que se frene la tramitación de un texto sobre el que, por segunda vez, los servicios jurídicos del Congreso, han alertado de su posible inconstitucionalidad.

En concreto, se ha introducido la enmienda conjunta que mantiene fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme. Entre otros, lleva la firma de ERC y contradice otra presentada por esta formación que pide justo lo contrario, que estos actos también sean amnistiados. También ha quedado incorporada la que excluye de la amnistía de los delitos contra la Comunidad Internacional como el "genocidio".

También Junts tiene una enmienda para amnistiar los delitos de terrorismo aunque hayan sido juzgados y, como el resto de las suyas, la mantiene viva para la comisión. El diputado Josep María Cervera ha explicado que continuarán negociando con el PSOE con la esperanza de que sus aportaciones finalmente sean aceptadas y ha dejado claro que no se levantarán de la mesa porque su objetivo es poder "blindar" la ley para que alcance a todas las personas que ellos consideran que deben ser amnistiadas y para que sea de aplicación inmediata en cuanto entre en vigor.

Desde el PSOE, su portavoz, Patxi López, ha garantizad que seguirán teniendo abierta la vía de diálogo, pero ha remarcado que, para los socialistas, la ley ya está"bien armada y bien reforzada" con las enmiendas aprobadas este jueves.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reivindicado en Antena3 que el Ejecutivo tiene informes que avalan "perfectamente" que la ley de amnistía al 'procés' es constitucional. Montero ha señalado que el Gobierno "tiene informes" para poder tramitar la ley de amnistía realizados por "juristas al menos con el mismo prestigio que tienen otros". Y esos informes -ha continuado- consideran que "la norma es plenamente constitucional".

La vicepresidenta primera no ha precisado sus autores, limitándose a decir que son juristas, expertos, catedráticos. Con todo, la también número dos de los socialistas ha defendido que el informe de admisión a trámite dictaminó que la norma es constitucional, al tiempo que ha remarcado que a quien compete resolver sobre la constitucionalidad o no de la amnistía es al Tribunal Constitucional cuando sea recurrida por quienes se oponen. "Esperaremos a ese informe definitivo", ha apostillado.

LA APLICARÁ EL TRIBUNAL QUE LLEVE EL CASO

En la ponencia, ERC y Bildu se han abstenido en una de las enmiendas que ellos mismos habían pactado con el PSOE, Sumar y el BNG. No obstante, la enmienda ha salido adelante, sólo por un voto, gracias al apoyo de socialistas, Sumar y Junts.

Con ella se retoca la redacción inicial de la proposición de ley para dejar claro que, cuando entre en vigor será"el órgano judicial que, en cada momento, esté conociendo de la causa" el que aplique la norma y al que corresponderá también el "inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía".

Además, se especifica que esto supondrá la finalización de la ejecución de las penas "principales o accesorias" impuestas poraquellas acciones u omisiones que hubieran sido amnistiadas. "En todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o algunade sus disposiciones", reza el texto.

Asimismo, se ha introducido en el informe de la ponencia otra enmienda del PSOE y sus socios, que era idéntica a una de las registradas por Junts y que establece que "el alzamiento de cualesquiera medidas cautelares, incluidas las órdenes de busca ycaptura e ingreso en prisión, así como de las órdenes de detención, corresponderá al órgano judicial que, en cada momento, venga conociendo de la causa".

En opinión del partido de Carles Puigdemont esa modificación "resulta necesaria para la finalidad de la Ley, que no es otra que abordar, en aras del interés general y en el marco del Estado de Derecho, las circunstancias políticas excepcionales del denominado proceso independentista". "Esta finalidad -inciden desde Junts- requiere que una aplicación efectiva e inmediata de la ley por el órgano judicial que venga conociendo de la causa en el momento de entrada en vigor".

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