La Comisión Europea desmiente que descartase actuar sobre la amnistía

La Comisión Europea desmintió este martes por la noche de forma categórica la informaciones difundidas por las agencias de noticias Efe y Europa Press que habían asegurado que no apreciaba colisión alguna de la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios, al quedar salvados los intereses financieros de la UE y excluirse los casos de lawfare, con lo que entendió que se trata de un asunto doméstico cuya evaluación corresponderá a las autoridades nacionales competentes.

Así lo habían informado a Europa Press y a Efe fuentes comunitarias que indicaban que las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario respecto a la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho, concretamente en el principio de separación de poderes por la posibilidad de que abarcara la denominada lawfare o guerra judicial.

Sin embargo, el portavoz de la presidenta Ursula Von der Leyen frenó en seco esas interpretaciones: “Contrariamente a lo que se ha informado, la Comisión no tiene una evaluación preliminar del proyecto de ley de amnistía presentado al Parlamento español”, publicó en la red social X, antes Twitter, Eric Mamer. El portavoz del Ejecutivo comunitario agregó: “La Comisión ha recibido hoy [por ayer] el proyecto de ley de las autoridades españolas y acaba de iniciar su análisis”.

Su contundente afirmación desmentía las informaciones de que la CE, tras un primer vistazo al texto registrado el lunes en el Congreso por el PSOE, disipaba esas dos preocupaciones porque ambas quedan fuera de la proposición de ley. Esas fuente, que avalaban la postura del Gobierno español, habían matizado, eso sí, que el texto seguiría siendo analizado en profundidad por los servicios jurídicos antes de ofrecer una opinión formal.

Esas filtraciones interesadas se basaban en que, en el artículo 2 del texto de la ley se detalla los supuestos que se excluyen de la futura amnistía, incluyendo entre ellos “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”. En cuanto al lawfare, aunque no lo menciona expresamente, ciñe los actos amnistiados a los “vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista”, señalando delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación, lo que deja fuera otros como el blanqueo de capitales, organización criminal o asociación ilícita, falsedad documental o contra la Hacienda Pública.

La tesis de esas filtraciones era que, de haber existido referencia alguna al lawfare en la proposición de ley, la Comisión sí habría tenido que actuar, afirmaron las citadas fuentes. Pero al recogerse únicamente en un acuerdo entre partidos políticos, el firmado por el PSOE y Junts el jueves, queda fuera del alcance de Bruselas, unas posiciones muy alineadas con las que mantiene el Ejecutivo del Reino de España.

La proposición de ley les fue remitida ayer en una carta del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, a los comisarios europeos de Valores y Transparencia, Vera Jourová (también vicepresidenta de la institución), y de Justicia, Didier Reynders. Por su parte, el PP ha elevado quejas a la CE para que intervenga porque, a su juicio, se está invadiendo la separación de poderes.

Contra esa acusación, las fuentes que hicieron las filtración luego desmentida apuntaron que el Ejecutivo comunitario no puede convertirse en un “actor político” en los Estados miembros. Cosa diferente, avisaban, es que ese acuerdo político que recoge el lawfare tenga un desarrollo legislativo. Y por ello concluyeron que para Bruselas la proposición de ley, en su estado actual, es un asunto nacional cuyo control corresponderá a las autoridades competentes, empezando por el Parlamento, que debe tramitarla y aprobarla, y acabando por el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra. Esa teoría, de momento quedó refutada.

También quedó desmentida la agencia Efe, que informó que “una fuente de Bruselas” que no identificaba había afirmado que “en principio no hay nada que nos preocupe”, ya que la posibilidad de un Parlamento de adoptar una amnistía “recae puramente bajo el derecho nacional” y hay precedentes anteriores a la propuesta española en otros países de la Unión Europea sobre los que Bruselas no se ha pronunciado. En la misma línea, las fuentes consultadas insistían en que las motivaciones políticas para aprobar una ley de amnistía, ya sean las expresadas en la exposición de motivos -que la justifica para rebajar la “tensión institucional”- o el apoyo de las fuerzas independentistas a la investidura de Pedro Sánchez como presidente, no tienen relevancia para la Comisión porque son los órganos nacionales quienes deben evaluarlas.

La versión desmentida sostenía también que la Comisión valoró la exclusión de los delitos de terrorismo, aunque sostenía que no era una de sus prioridades a la hora de analizar el contenido.

La revisión por Bruselas de la proposición de ley española seguirá siendo un asunto de debate político porque un representante de la Comisión Europea, aún sin determinar, tendrá que intervenir en el debate sobre la norma que han impulsado el Partido Popular Europeo y los liberales de Renovar Europa en el pleno del Parlamento Europeo de la semana que viene en Estrasburgo (Francia).