Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
La Audiencia Nacional concederá la libertad condicional a los presos disidentes de ETA Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Pérez de Nanclares, según informaron fuentes conocedoras de la decisión que ya adoptó el juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro. Se trata de los dos primeros presos de la banda acogidos a la denominada vía Nanclares que logran esta concesión tras beneficiarse del tercer grado penitenciario. De este modo, ya no tendrán que acudir a la cárcel para dormir.
En el caso de Pérez de Nanclares, el juez tuvo en cuenta el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Basauri (Vizcaya) elaborado a favor de la concesión de esta libertad condicional.
Este preso cumplió las tres cuartas partes de su condena el pasado 22 de junio de 2011, por lo que no es necesario que Castro consulte con la Fiscalía como sí sucede cuando se va a adoptar una libertad condicional para un preso que tan sólo ha cumplido la mitad de su pena.
Tras el visto bueno del juez, Pérez de Nanclares cumplirá los seis años que le restan de condena en libertad condicional. Este interno liquidaba su condena en el mes de mayo de 2018, según estas fuentes.
Pérez de Nanclares es uno de los dos presos de la banda a los que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió el tercer grado penitenciario, una medida poco habitual entre los presos de ETA (tan sólo siete casos desde 2007). En virtud de esta graduación penitenciaria tan sólo tenía la obligación de acudir a la cárcel para dormir desde febrero.
Por su parte, Fernando de Luis Astarloa, en tercer grado desde el pasado 20 de octubre, también contaba con una propuesta formulada el pasado mes de noviembre por la Junta de Tratamiento de la cárcel alavesa sobre la concesión de su libertad condicional. Según explicó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través de un comunicado, este expediente de libertad condicional se inició por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Nanclares el pasado 18 de noviembre de 2011, elevándose al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria el 21 de diciembre de 2011, "con el anterior Gobierno" socialista.
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