CiU quiere castigar a los militares que opinen de política o que apelen a las armas frente al soberanismo

El Grupo Parlamentario de CiU quiere que el proyecto de Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas incluya dos nuevos apartados en los que se tipifique como falta grave y, por tanto, se sancione a los militares que opinen, "mediante declaraciones o escritos", de política o que insten a la utilización de "métodos o arsenal bélico" contra opciones políticas como pueden ser las aspiraciones soberanistas en Cataluña. Así se desprende de una de las 87 enmiendas parcialesque ha presentado CiU al proyecto de ley enviado al Congreso por el Ministerio de Defensa, que ya superó su primer trámite parlamentario hace dos semanas con el rechazo en el Pleno a la devolución del texto. Dentro del artículo 8 del proyecto, que hace referencia a las faltas muy graves, CiU pide la inclusión de un nuevo apartado en el que se haga "especial mención a los comentarios que lleven consigo una fuerte carga sediciosa o contraria al ordenamiento jurídico o que induzcan a ello". Así, propone la siguiente redacción para tipificar como falta muy grave "la intervención mediante declaraciones o escritos dando su opinión en los hechos de la actualidad política o hacer uso de expresiones que cuestionen el papel democrático del Ejército o desobedeciendo autoridades civiles, instando a la utilización de métodos o arsenal bélico contra opiniones políticas, partidos políticos o representantes políticos".

CiU también pide en sus enmiendas parciales la inclusión de otro apartado en el artículo 8 que establezca como falta muy grave "interferir o no respetar las opiniones o funciones de los representantes democráticamente elegidos", ya que, a su juicio, "es necesario que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan el máximo respeto con los miembros electos democráticamente". Según ha explicado el diputado de CiU Jordi Xuclà, estas enmiendas que propone CiU vienen a colación de las recientes declaraciones del general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro, quien el pasado febrero dijo que entre los militares hay un "sentimiento de preocupación, temor, incertidumbre y confusión" por la "ofensiva separatista-secesionista" en Cataluña y afirmó que "la patria es anterior y más importante que la democracia". Para Xuclà, declaraciones como las del general Chicharro "no respetan el marco constitucional", por lo que aboga por avanzar, mediante esta Ley de Régimen Disciplinario, hacia "un Ejército democrático que esté sometido a la autoridad civil". Eso sí, ha dejado claro que su enmienda no sólo va orientada a castigar las opiniones sobre Cataluña, sino que se trata de una falta muy grave para cualquier situación en la que un militar entre en el debate político, sea cual sea el asunto concreto en cuestión.

Pero las de CiU no son las únicas enmiendas que son consecuencia del debate surgido por las aspiraciones soberanistas de la Generalitat: ERC quiere que el nuevo Régimen Disciplinario recoja una mención expresa a los principios de la Carta de Naciones Unidas, especialmente al "derecho de libre autodeterminación para todos los pueblos". Por su parte, el PSOE ha presentado un paquete de 57 enmiendas parciales al proyecto de ley en las que propone, entre otras cosas, que se suprima la posibilidad de arrestar a los militares que cometan faltas leves así como que se pueda acusar de falta grave a los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan conocimiento de la existencia de un caso de abusos sexuales y no lo denuncien. Además, plantean que se garantice la intervención del juez togado militar en todas las sanciones que impliquen privación de libertad (faltas graves y muy graves). Su propuesta es que la autoridad sancionadora comunique la ejecución de la sanción en un plazo de 24 horas al juez y que éste ratifique o no la sanción en las 48 horas siguiente.

Protección de las asociaciones

Por otro lado, los socialistas quieren que únicamente el ministro de Defensa y al subsecretario de este departamento puedan imponer sanciones a los representantes de las asociaciones profesionales que sean miembros del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y sus suplentes por las faltas cometidas en el desempeño de su actividad, con el objetivo de que este colectivo goce de una mayor protección. Como el PSOE, el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) tampoco está de acuerdo con el arresto como sanción, ya que lo ven como una "situación irregular", por lo que sólo lo plantea para momentos de excepción como puede ser el estado de guerra. En este sentido van orientadas las enmiendas de Izquierda Plural, que apuesta también por acabar con la situación de excepcionalidad para los militares en materia de derechos. "El militar también es un ciudadano y sus derechos no terminan en la puerta del cuartel", ha explicado a Europa Press el diputado José Luis Centella.

Concreción de las faltas

En cuanto a las enmiendas presentadas por UPyD, la mayoría se centra en incluir "mejoras técnicas" a la tipificación de faltas leves, graves o muy graves que hace el proyecto de ley con el objetivo de que sean más concretas y así "eliminar la ambigüedad" en la redacción de las mismas "para evitar arbitrariedades". Según ha indicado la diputada Irene Lozano, su partido está de acuerdo con muchas de las faltas tipificadas, si bien considera que éstas deben ser sancionadas sólo cuando sean realizadas en horario de servicio y no cuando el militar en cuestión no esté ejerciendo su labor en las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Grupo Popular sólo ha registrado una enmienda parcial al proyecto de ley, la única con más posibilidades de ser aprobada en sus propios términos al contar con el respaldo de la mayoría absoluta de los populares. En ella, el PP propone introducir una nueva disposición final por la cual se plantea modificar la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil para adaptar esta norma al nuevo proyecto de las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, sugiere ampliar las faltas muy graves por las que pueden ser sancionados los agentes al formar parte de un cuerpo de naturaleza militar.

Por ejemplo, el PP plantea que sea falta muy grave para los guardias civiles "organizar, participar o asistir en lugares de tránsito público a reuniones o manifestaciones de carácter político, sindical o reivindicativo haciendo uso de su condición de guardia civil". Como falta grave, los 'populares' sugieren "cualquier manifestación, expresión pública o acto de propaganda realizados por cualquier medio, oral o escrito, a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos, siempre que quede de manifiesto la condición de guardia civil de quien las efectúe".