Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
Mundo
El abrumador rechazo al plebiscito constitucional de los chilenos abre un incierto y complejo escenario de diálogo entre el Gobierno, las fuerzas políticas y la sociedad civil sobre cómo debe proseguir el proceso constituyente iniciado tras el estallido social.
Con el resultado, la única certeza es que Chile mantiene como marco legal la actual carta magna, redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada de forma parcial en democracia.
El artículo 142 del actual texto fundamental, referido al plebiscito constitucional, señala que "si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución".
"Con el triunfo del ‘rechazo’ seguimos con la misma Constitución y dependemos de la voluntad del Congreso para continuar o no con el proceso", dijo a Efe la académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica Julieta Suárez-Cao.
En julio, el presidente de Chile, Gabriel Boric, estableció la hoja de ruta en caso de desaprobar la propuesta constitucional al asegurar que "tiene que haber un nuevo proceso constituyente" –afirmó– que se prolongará por un año y medio más, y en el que "va a tener que discutirse todo de nuevo desde de cero".
"Hay que ponerse de acuerdo en cómo puede ser este nuevo proceso electoral. Boric ya ha mostrado una apertura con eso, que no existía de ninguna manera en el comienzo", añade el director de la encuestadora Tresquintos, Kenneth Bunquer.
En este contexto, el mandatario aseguró este domingo que la ciudadanía ha hablado claro y anunció que ya ha convocado a los líderes del Congreso y a representantes de la sociedad civil a una reunión este lunes en el Palacio de La Moneda para estudiar el nuevo itinerario y ver como darle la mayor celeridad.
"El gobierno puede poner un mensaje para llamar a elecciones de convencionales, pero no tengo claro que vayan a estar los votos necesarios en el Congreso para llevarlo adelante, con lo cual la incertidumbre hoy es tremenda", apunta Suárez-Cao.
Durante las semanas previas al plebiscito se pusieron encima de la mesa varias alternativas ante la posibilidad de llegar al escenario salido tras el referéndum, tal y como proyectaron las encuestas.
Hace tres semanas el Congreso aprobó una norma que facilitaría ese camino, ya que reduce el quórum de dos tercios a cuatro séptimos para poder hacer reformas a la carta magna actual.
Es por eso que, en caso de mantener la idea de redactar un nuevo texto, otras opciones pasan por ahora por el Congreso o un Comité de Expertos.
Dentro del conjunto de partidos que ha defendido el rechazo, que abarcan desde la extrema derecha hasta la centro-izquierda, no hay unanimidad o consenso de cómo continuar el proceso ni a través de qué mecanismo hacerlo.
Los ultraderechistas del Partido Republicano, por ejemplo, no quieren una nueva Constitución y su apuesta es reformar la vigente.
"En los próximos meses habrá un momento inicial de inestabilidad institucional ya que, si bien hay un acuerdo de que la Constitución debe cambiar, aún no está definido el mecanismo", comenta el analista político y profesor de la Universidad Estatal de O'Higgins (UOH) Juan Pablo Araya.
En estas definiciones, el Congreso asumirá un nuevo protagonismo y se requerirá llegar a acuerdos. Aunque el conjunto de fuerzas de derecha tenga la mayoría, las elecciones parlamentarias del mes de noviembre dejaron un Parlamento muy fragmentado.
Expertos y analistas coinciden en señalar que el resultado perjudica al presidente y a su ejecutivo. "Es un fuerte golpe para el primer año del gobierno de Boric, quien decidió apostar su capital político por el ‘apruebo’", dice Araya.
"Será muy complejo implementar el programa gubernamental y mantener la unidad y estabilidad en la coalición de gobierno", añade.
Boric tuvo un rol clave en la firma del acuerdo suscrito de forma transversal por el conjunto de fuerzas políticas en noviembre de 2019 y que dio paso al proceso constituyente.
Durante la campaña insistió varias veces en la idea de que el proceso llegase a buen puerto e incluso como presidente se ha manifestado a favor del sí.
"Me cuesta mucho imaginar que, tras todo lo que ha pasado en Chile, decidamos volver a fojas cero respecto de la Constitución de 1980", indicó.
Según Araya, el nuevo escenario precipita la necesidad de ejecutar un cambio en su gabinete porque "es necesario llegar a acuerdos amplios y hay integrantes que tienen un capital político muy desgastado".
La ministra de Interior, Izkia Siches, es de los nombres que tiene posibilidades de salir. El nuevo gabinete tendrá el desafío de gestionar una nueva etapa del proceso.
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