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Castro rechaza que Urdangarín destine parte de la venta de Pedralbes a Hacienda

Caso Nóos

El juez confirma su autorización para que los duques de Palma vendan el palacete; una operación con la que el marido de la Infanta quería abonar 253.700 euros que debe a Hacienda.

La infanta y Urdangarin tienen un comprador para el palacete por 6,9 millones
Efe

17 de febrero 2015 - 14:06

El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha desestimado el recurso que interpuso la defensa de Iñaki Urdangarín pidiendo que se le permitiera destinar parte de la venta de su chalé de Pedralbes a abonar 253.705 euros que debe a Hacienda por la liquidación tributaria pendiente de 2009.

En un auto, Castro ha rechazado el recurso de Urdangarín y señala que la deuda con Hacienda que pretende pagar no deriva de la supuesta comisión de ningún delito que se siga en el caso Nóos, y ha confirmado las condiciones que puso a la venta en una resolución del pasado 5 de febrero. El magistrado indica que el embargo que pesa sobre la mitad de la vivienda en el marco del caso Nóos no tiene la finalidad de garantizar la deuda que ahora pretende abonar Urdangarín.

Urdangarín recurrió la decisión del juez de autorizar la venta de la vivienda conocida como palacete de Pedralbes a cambio de que los duques de Palma se comprometieran formalmente a destinar los 2,3 millones de euros que les reportará la operación a pagar parte de las fianzas que pesan sobre ellos como acusados en el caso Nóos, unos 700.000 euros más de lo que ellos pensaban entregar. Los duques de Palma sostenían que tras la venta les quedarían 1,6 millones de euros para abonar parte de sus fianzas porque tenían que destinar la gran mayoría del precio pactado con el comprador a pagar la hipoteca restante, otro préstamo bancario, gastos de la operación y una deuda fiscal. El juez entendió que el préstamo complementario y la deuda de Urdangarín con Hacienda, que suman 690.920 euros, no pueden tener preferencia sobre las fianzas. Urdangarín aceptó la decisión de Castro de no autorizar el pago de 437.215 euros de ampliación del crédito del palacete pero volvió a solicitar que se le permitiera abonar los 253.705 euros que debe a Hacienda por la liquidación tributaria pendiente de 2009, reclamando el mismo trato que el magistrado dio en su día a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres. La defensa de Urdangarín alegó que en mayo del año pasado el juez sí autorizó el desbloqueo de fondos de una cuenta embargada en Luxemburgo para que Torres cumpliera con sus obligaciones tributarias, por lo que pidió idéntica consideración.

Urdangarin justificó su petición en que, de ser admitido su recurso, los duques de Palma consignarían en la cuenta del juzgado "la nada despreciable" suma de 2,1 millones de euros, "no causando ningún grave perjuicio a las presuntas expectativas pecuniarias que pueda supuestamente pretender" la Comunidad Autónoma de Baleares, personada como acusación particular y opuesta a la pretensión de Urdangarín, ni el resto de acusaciones.

En el auto de ahora, el juez señala que la Agencia Tributaria no goza de derecho preferente respecto al resto de acreedores personados en el caso Nóos. Puntualiza que la petición de Urdangarín podría tener sentido si la deuda con Hacienda fuera por algún tributo sobre la finca que se quiere vender, pero es por declaraciones complementarias del IRPF. El juez califica de "muy acertados" los argumentos de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares en este sentido. Además, el magistrado considera que no es jurídicamente relevante que anteriormente no se opusiera a que Torres pagara "una deuda tributaria de escasa cuantía con cargo a una cuenta bloqueada en el extranjero".

Sobre los duques de Palma, que serán juzgados por diversos delitos en el caso Nóos, pesan fianzas de responsabilidad civil de 13,6 millones de euros, en el caso de Urdangarín, y de 2,7 millones de euros para la Infanta.

El acuerdo alcanzado por el matrimonio para la venta de su vivienda con un abogado que les ofrece 6,95 millones de euros, que ya ha pagado 300.000 euros en concepto de señal tras formalizar un contrato de arras, establece el 17 de marzo como fecha límite para cerrar la operación.

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