Castro permite a la Infanta y a Urdangarín la venta del palacete de Pedralbes por 6,95 millones de euros

El juez del caso Nóos, José Castro, ha dado permiso a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín para vender por 6,95 millones de euros su chalé de Barcelona con la condición de que se comprometan a pagar sus fianzas con los 2,3 millones que les reportará la operación.

El juez instructor ha aceptado parcialmente las condiciones que plantearon la hermana del Rey y su esposo para vender su palacete en la urbanización de Pedralbes, que requiere de su autorización porque la mitad de la propiedad estaba embargada por la primera fianza impuesta a Urdangarin.

Los duques de Palma planteaban en la solicitud que presentó Urdangarín en el juzgado la semana pasada, a la que se adhirió la defensa de doña Cristina, que tras la venta dispondrían de 1,6 millones de euros para abonar parte de sus fianzas dado que tenían que destinar la gran mayoría del precio pactado con el comprador a pagar la hipoteca restante, otro préstamo bancario, gastos de la operación y una deuda fiscal.

Castro ha dictado un auto en el que levanta el embargo existente sobre la vivienda para que la operación pueda materializarse, siempre que los duques acepten consignar en el juzgado 2,3 millones de euros, pues considera que el préstamo y la deuda de Urdangarin con Hacienda, que suman 690.920 euros, no pueden tener preferencia sobre las fianzas.

Sobre los duques de Palma, que serán juzgados por diversos delitos en el caso Nóos, pesan fianzas de responsabilidad civil de 13,6 millones de euros, en el caso de Urdangarín, y de 2,7 millones de euros para la infanta Cristina.

En su resolución, el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma señala que la solicitud planteada por el matrimonio "es perfectamente congruente" con las previsiones legales en casos de embargo de bienes en procedimientos judiciales, con los "únicos condicionantes" de que el precio de la venta se ajuste a la situación del mercado y de que el destino del dinero no merme la eficacia de las fianzas dictadas.

Respecto a la primera cuestión, Castro señala que los casi 7 millones de euros acordados con el letrado que ha realizado la oferta representan "una significativa merma" respecto al coste original del palacete y las reformas a las que ha sido sometido, pero dada la crisis y la "urgencia por vender", la depreciación es "lógica" y el "precio razonable".

Sin embargo, desautoriza el reparto de los fondos obtenidos porque cree que el préstamo de 437.215 euros de ampliación del crédito para la compra de la vivienda no puede tener preferencia porque "no se encuentra tutelado con garantía hipotecaria", mientras que los 253.705 euros de liquidaciones complementarias del ejercicio fiscal de 2009 tampoco pueden ir en detrimento de las fianzas porque no tienen relación con los presuntos delitos investigados en Nóos.

Por todo ello, Castro levanta el embargo de la mitad del chalé para que pueda llevarse a cabo la venta, que tiene como fecha límite impuesta por el comprador el 17 de marzo, pero condiciona todo a que la infanta y Urdangarín "asuman formalmente, y con carácter previo a la venta, el compromiso de ingresar en la cuenta de consignaciones" del juzgado 2.372.602 euros.

Además, el juez requiere a la representación del duque de Palma para que, cuando se consume la venta y salde la hipoteca pendiente, facilite el juzgado "justificación documental de todo ello".

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se había opuesto a la autorización de la enajenación del palacete, mientras que el fiscal del caso, Pedro Horrach, la había respaldado "con la condición de que el remanente que resulte de la diferencia entre la carga hipotecaria y el importe de la venta sea ingresado en la cuenta" del juzgado.