El CGPJ ratifica la segunda suspensión provisional contra Garzón

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado este jueves la segunda suspensión en sus funciones del juez Baltasar Garzón, que se encuentra en esta situación desde hace casi un año, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya abierto dos juicios orales contra el magistrado.

La decisión ha sido adoptada por el pleno del CGPJ por 14 votos a favor y 3 en contra, los de los vocales Gabriela Bravo, Miguel Carmona y Margarita Uría, que no consideraban necesario volver a suspender a Garzón, han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

A la reunión del pleno no han asistido el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ni el vocal José Manuel Gómez Benítez, mientras que el vicepresidente Fernando de Rosa y la vocal Margarita Robles se han abstenido.

El TS decidió rechazar la petición de Garzón para que el pleno del CGPJ no incluyera en el orden del día la ratificación del acuerdo de suspenderle provisionalmente que tomó su Comisión Permanente el pasado 19 de abril después de que se le abriera juicio oral por el caso de las escuchas del caso Gürtel.

Garzón ya se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el 14 de mayo de 2010 tras la apertura de juicio dictada por el Supremo contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

El magistrado había pedido como "medida cautelarísima" que el pleno celebrado no ratificara su suspensión al considerar que se vulneraba su derecho a la presunción de inocencia.

Además de negar esta vulneración, el Supremo justificó la decisión adoptada por la Comisión Permanente de suspenderle aunque ya estuviera en esta situación pues se trata de una medida que el CGPJ ha de tomar "imperativamente" cuando se dan las circunstancias de este caso.

No se trata de una "simple admisión" de una querella contra Garzón sino ante la apertura de un juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de garantías constitucionales en relación a la grabación de las conversaciones en prisión entre los imputados del caso Gürtel y sus abogados, recordaba el alto tribunal.