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Madrid/Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen intención de pedir en el transcurso del Pleno de esta institución, el primero que se celebra tras la dimisión del que fuera su presidente Carlos Dívar, que todos hagan públicos y de forma individualizada sus gastos de viajes. Así lo señalaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces que explicaron que si bien este asunto no va como tal en el orden del día -debería haber sido registrado con 72 horas de antelación-, lo más probable es que la discusión respecto de los viajes que ha realizado cada uno de los 20 vocales salga a relucir a lo largo del debate sobre el denominado Plan de austeridad y transparencia.
El asunto ya fue planteado por la vocal Margarita Robles durante la reunión de las comisiones Presupuestaria y de Estudios e Informes que se celebró el pasado lunes. Las mismas fuentes señalan que esta vocal no tendría problema alguno en presentar sus cuentas, que no superan los 2.000 euros en concepto de viajes desde que fue designada. Pese a que la propuesta de la consejera nombrada a propuesta del PSOE no fue muy bien acogida, las fuentes consultadas no descartan que finalmente el asunto estalle en el Pleno y que pueda ser respaldada por otros vocales. De hecho, varios miembros del CGPJ repasaban los viajes que han realizado desde que fueron nombrados en septiembre de 2008 y analizaban los gastos y objetivos obtenidos por si finalmente se ven obligados a dar una explicación ante sus compañeros. Aunque la gran mayoría no es partidaria de sacar a relucir este asunto, al no encontrar similitud entre sus traslados y los de fin de semana del presidente que ocasionaron el escándalo, reconocen que prefieren encarar la reunión bien preparados por lo que pudiera ocurrir.
El plan de transparencia se presenta para reformar el actual régimen de gastos tras el escándalo de los viajes en fin de semana que costó el puesto a Dívar e incluye, entre otras medidas, que los vocales no puedan alargar sus viajes más allá del día anterior y posterior al día del evento al que acuden y deben justificar, o que aquellos consejeros que son de fuera de Madrid no puedan cargar al Consejo más que un viaje de ida y vuelta a su domicilio a la semana. El tema de la individualización de los viajes respecto de cada vocal tiene su origen en el encuentro celebrado el pasado viernes entre periodistas y el vocal de la Comisión Presupuestaria Ramón Camp, cuando los informadores exigieron información pormenorizada del coste de los viajes realizado por cada uno de los vocales. Camp contestó que no disponía de dichos datos y se limitó a dar cuenta de la información general, que señala que los altos cargos del Consejo emplearon a lo largo de 2011 un total de 470.645 euros en desplazamientos por el territorio nacional y gastos de protocolo. A esta cifra habría que sumar la parte correspondiente a los viajes de los vocales cargada al capítulo de relaciones internacionales, que ascendió a un total de 360.088,59 euros en 2011; y lo pagado por el órgano de gobierno de los jueces para viajes de personal de su parque móvil y la manutención de los escoltas con los que el Ministerio del Interior dota los desplazamientos de estos altos cargos, que sumaron otros 295.271,04 euros más.
Plan de austeridad
El texto elaborado por los vocales Ramón Camp y Claro-José Fernández-Carnicero sustituirá a la actual, de 1996, que no obligaba a los altos cargos del órgano de gobierno de los jueces a especificar el motivo de sus viajes. Ahora deberán hacerlo, además de tratar que algunos puedan sustituirse por videoconferencias para evitar el gasto, según señalaron a fuentes de este órgano. Supone una actualización completa de las normas sobre indemnizaciónes y desplazamientos no sólo de los altos cargos, sino también de los jueces y magistrados en general y del personal del parque móvil.
Junto a los conductores y con las mismas normas referidas a dietas el documento incluye a los escoltas, y ello a pesar de que los vocales, excepto su presidente, no disponen de este servicio que les brindaba el Ministerio del Interior. La razón es que el documento que se somete al Pleno tiene "vocación de futuro" y no se sabe si algún día deberán volver a necesitarlo, según las mismas fuentes. El texto alude a la Ley de Transparencia presentada recientemente por el Consejo de Ministros y prevé la no disponibilidad de un total del 20% de los gastos previstos para protocolo. Del total del presupuesto para 2013, que se prevé alcance los 67,2 millones de euros, se prevé una minoración del 5%, la misma que se ha aplicado a los de este año. Otras medidas de austeridad, dirigidas a controlar el gasto y reconquistar la confianza de los ciudadanos y de la propia Carrera Judicial, pasan por revisar los convenios firmados con distintas entidades en materia de formación y reducir progresivamente el personal de la casa (que actual asciende a 446 personas).
En el capítulo de viajes, además de limitar las estancias al día anterior y posterior del evento en particular (útil en los casos en los que el acto en cuestión comience a primera hora de la mañana o termine muy tarde), la nueva norma prevé que los desplazamientos se realicen en clase turista, con el personal del Consejo imprescindible y que los hoteles escogidos no superen los 102 euros por noche. Con respecto a los vocales cuyo domicilio está fuera de Madrid, que son un total de 15, los viajes de ida y vuelta a casa se limitarán a uno por semana, festivos y vacaciones.
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