El CGPJ acuerda que no haya jueces en las comisiones parlamentarias sobre 'lawfare'

Madrid/El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llegado este jueves a un inusual acuerdo por unanimidad para rechazar las comisiones parlamentarias de investigación para detectar supuestos casos de lawfare y aclarar que jueces y magistrados no tienen la obligación de comparecer en las mismas si son llamados. Además, según el texto aprobado, los 16 vocales que conforman actualmente el CGPJ han recordado que "cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo".

Se trata de un acuerdo histórico que blinda a los jueces y magistrados ante las comisiones, toda vez que se alcanza por unanimidad, algo infrecuente en los últimos tiempos en el Consejo, muy polarizado entre los bloques conservador y progresista. Y ha ocurrido en el último pleno ordinario del año, al que se llegaba con el malestar de fondo de la carrera judicial contra la posibilidad de que las comisiones de la Operación Cataluña y de Pegasus citen a jueces sobre supuestos casos de lawfare.

Así, han instado a Congreso y Senado a abstenerse de citar a jueces y magistrados y, en caso de que no cumplan, a indicado a los togados que sean llamados que lo comuniquen al CGPJ, que les denegará el permiso para acudir. Del mismo modo, "los jueces no podrán revelar por escrito o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieran tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional". Pese a esta advertencia, "los jueces y magistrados que fueran convocados deberán ponerlo en conocimiento inmediato a la Comisión Permanente" con copia de la citación, que responderá ante ello.

"Choque" entre poderes del Estado

Con este acuerdo, el Consejo cierra filas con la carrera judicial como hace una semana avanzó su presidente, Vicente Guilarte, cuando dijo que ningún juez puede comparecer, pues hacerlo "implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado". El Pleno ha abordado esta cuestión, a petición de la mayoría conservadora, que ante los señalamientos a jueces y la intención de criminalizar la labor judicial, pedía que el Consejo se posicione para que "ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de derecho".

El CGPJ ha recordado que uno de sus deberes como órgano constitucional es el de "garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial". Y ha avisado de que dichas comisiones parlamentarias "carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

En este sentido, ha explicado que los jueces y magistrados están "plenamente sometidos a la Constitución y a las leyes y sujetos a responsabilidad disciplinaria y penal cuando incurran en los supuestos tipificados como infracciones o delitos, respectivamente". Según ha precisado, las infracciones corresponden "en exclusiva" al CGPJ y los delitos a los órganos judiciales.

Comisiones de investigación

"Unas condiciones que, obviamente, no reúnen los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación, pues al fin y al cabo, su función representativa se desenvuelve en el plano estrictamente político y está orientada y limitada, en lo que aquí importa, a la exigencia de responsabilidades" a los jueces.

Estos movimientos tienen lugar después de que el Congreso de los Diputados acordara la semana pasada crear tres comisiones de investigación para indagar en la Operación Cataluña, los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa Pegasus. El CGPJ ya ha expresado hasta dos veces su "frontal oposición" a estas comisiones parlamentarias, avisando de que actuará por "los cauces legalmente establecidos" si es necesario.

El origen de las mismas parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez donde se habla de crear comisiones de investigación cuyas conclusiones "se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad".

Por último, el CGPJ ha aprovechado su pronunciamiento para hacer un llamamiento a que "se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional", que "ha rebasado con creces el límite de lo tolerable".