Análisis
Joaquín Aurioles
Política y economía, conflicto de poderes
Cien días después del acceso de la Bildu a las instituciones, con una presencia especialmente relevante en Guipuzcoa, la coalición abertzale ha desarrollado una gestión caracterizada por los gestos, sobre todo hacia los presos de ETA, los anuncios de ajustes económicos y algún que otro baño de realidad.
El pasado 11 de junio, la izquierda abertzale, a través de Bildu, accedió por primera vez al gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián, después de dos décadas de gobierno socialista, mientras que doce días después logró otro hito histórico al auparse con el control de la Diputación de Guipuzcoa.
Desde el primer día, los dirigentes de la coalición formada por EA, Alternatiba e independientes han marcardo perfil y han escenificado el cambio a través de gestos políticos y guiños dirigidos a sus electores del entorno de la izquierda abertzale.
En la primera semana, la alcaldesa de Andoain, Ane Karrere, prohibió la entrada de los escoltas de los ediles del PP y el PSE al Ayuntamiento, en una decisión que posteriormente se vio obligada a modificar y matizar, y finalizó con un acuerdo con las formaciones de la oposición. Mientras, el nuevo alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, también proclamaba el cambio con decisiones estéticas como retirar el retrato del rey del salón de plenos y la bandera española de la sala de recepciones del Ayuntamiento, asistir a manifestaciones de la izquierda abertzale o acompañar a familiares de presos de ETA en las fiestas de Vitoria, junto con el diputado general de Guipuzcoa, Martín Garitano.
Del mismo modo, las primeras semanas de la gestión de Bildu al frente de la Diputación también estuvieron jalonadas de acercamientos al entorno de ETA, como la recepción que Garitano concedió a jóvenes procesados por su pertenencia a Segi, o el caluroso saludo que brindó a los familiares de los reclusos terroristas a las puertas de la Basílica de Loyola el 1 de agosto. Esta imagen se repitió el pasado 9 de septiembre en Aranzazu, donde la portavoz de la Diputación, Larraitz Ugarte, no entró al templo pero sí se manifestó junto a los familiares de los presos.
El 8 de agosto Bildu acudió a un homenaje a una víctima de ETA, Joxe Mari Korta, aunque no lo hizo el máximo mandatario de la Diputación, sino que comparecieron cargos forales militantes de Eusko Alkartasuna. Sí asistió la alcaldesa en funciones de Zumaia, la independiente Arritxu González.
Del mismo modo, los ayuntamientos de San Sebastián y Tolosa, ambos gobernados por Bildu, rechazaron sendos ataques a monolitos erigidos en memoria de asesinados por ETA y sufragaron su reparación. En sus manifestaciones públicas, Bildu ha apostado por el reconocimiento de "todas las víctimas" y ha mostrado una sensibilidad especial por las del franquismo, mientras que a las de ETA las encuadra entre todas las producidas por el "conflicto" vasco.
Mientras los cargos institucionales de Bildu marcaban perfil, los partidos de la oposición no han cesado de exigirles que concreten sus programas para gestionar Gipuzkoa y San Sebastián.
Ambos gobiernos han coincidido en presentar una situación económica deficitaria y anunciar recortes y paralizaciones, al menos provisionales, de algunos proyectos heredados de los ejecutivos anteriores, como el Metro, el puerto exterior de Pasajes, operaciones de vivienda protegida o la estación de autobuses de San Sebastián, entre otros. Una vez pasado el verano, Bildu se enfrenta con la hora de la verdad de la gestión, la elaboración de los presupuestos, que reflejarán cuáles son sus verdaderas prioridades, aunque tanto en Guipuzcoa como en San Sebastián están obligados a mostrar cintura para llegar a acuerdos con la oposición, dada su situación de minoría.
Bildu sí ha despejado algunas incógnitas, fruto del choque con la realidad que significa gestionar, ya que ha mostrado su apoyo a algunas iniciativas que la izquierda abertzale había mirado con recelo, cuando no con abierta oposición.
Es el caso de la fusión de las cajas vascas, que la coalición ha bendecido a cambio de la introducción de algunas garantías para asegurar el carácter público del nuevo banco, el centro cultural de Tabakalera o el proyecto de la Capitalidad Cultural Europea de 2016, que el nuevo Ayuntamiento ha abrazado de forma entusiasta, sobre todo a partir de la elección de San Sebastián el pasado 28 de junio.
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