Bárcenas está dispuesto a tirar de la manta de la presunta caja B del PP

Madrid/El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 29 años y un mes de cárcel por la primera época de la trama Gürtel, colaborará con la justicia en las causas que investiga la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular de los populares.

Esta estrategia de defensa se pondrá de manifiesto en menos de un mes, el próximo 8 de febrero, en el juicio por el presunto pago en negro de las obras de la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid, según ha adelantado El País y han confirmado fuentes del entorno a Europa Press.

Bárcenas, que recientemente ha tenido que buscar un nuevo abogado, volverá al banquillo de los acusados para enfrentarse a los cinco años que pide la Fiscalía Anticorrupción. Las fuentes consultadas señalan que el que llevara las cuentas del PP continuará la senda de la colaboración que inició cuando comenzó todo su periplo judicial y contará cómo funcionaba la financiación del partido.

La colaboración no se quedará aquí, pues también aportará datos en la pieza separada que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre las comisiones finalistas que fueron a parar la presunta caja B de los populares, apunta el entorno de Bárcenas.

Una línea de investigación que se reabrió después de que el líder de la Gürtel, Francisco Correa, revelara durante su declaración en el juicio por los primeros años de actividades de la trama (1999-2005) que para asegurar que grandes constructoras fueran adjudicatarias de obras públicas, abonó comisiones "de entre el dos y el tres por ciento" a Bárcenas.

"Nada que perder"

"No tiene nada que perder", aseguran las fuentes consultadas, que recuerdan que las siguientes penas que pudieran recaer al ex tesorero del PP no cambiaría su situación debido a la elevada condena impuesta por el Supremo, que rebajó cuatro años y tres meses la acordada por la Audiencia Nacional.

Así, entienden que, debido a que la presunta financiación irregular del PP se investiga en otras causas, también querrá aportar la documentación y detalles que obren en su poder. Así ocurre en Púnica, en la que se analiza la contabilidad de los populares madrileños y en la que se encuentran investigados los ex presidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes o el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

Se da la circunstancia de que su nuevo abogado, Gustavo Galán, también defiende a otros implicados en el caso Gürtel que también solicitaron declarar en 'Púnica', la exadministradora de empresas de la Gürtel, Isabel Jordán -que también colabora con la Justicia- el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.

Ningún acuerdo con Anticorrupción

Con todo ello, las fuentes del entorno de Bárcenas aseguran que la disposición a colaborar con la Justicia se enmarca en una decisión personal y que en ningún caso se ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

En este sentido, destacan que la decisión ha llegado después de que la mujer del ex tesorero del PP, Rosalía Iglesias, ingresara en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses después de que el Supremo -que también rebajó dos años la pena impuesta por la Audiencia Nacional- tras hacer firme la sentencia sobre el caso Gürtel.

Según han recordado, Bárcenas dejó de colaborar con la Justicia cuando personas "afines" al PP le aseguraron que su mujer quedaría exonerada de cualquier responsabilidad derivada de la Época I de la trama Gürtel. Por ello, retiró la acusación en el caso de la destrucción de los ordenadores que usaba en la sede del partido hasta su despido en 2013, alegando "falta de recursos económicos".

Además de todas la causas relacionadas con la presunta financiación irregular del PP, Bárcenas también se ha visto envuelto en la investigación sobre la denominada operación Kitchen. El ex tesorero y su familia se han personado como perjudicados del operativo parapolicial que se montó para espiarles con el objetivo de sustraer información comprometedora para el PP y que ésta no llegara a los tribunales.