La Audiencia Nacional excarcela a otros tres etarras y a un grapo

Madrid/La Audiencia Nacional ha acordado excarcelar a tres etarras y a un grapo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló la retroactividad de la doctrina Parot, con lo que son ya 27 los miembros de ETA y dos los del Grapo puestos en libertad desde que se notificó el fallo de la Corte europea. Los etarras excarcelados en esta ocasión son: Luis María Lizarralde e Iñaki Recarte (ambos de la vía Nanclares) y Juan Carlos Arruti, Paterra, que cumple una condena más de 1.200 años por catorce asesinatos, han informado fuentes jurídicas.

El grapo Jaime Simón Quintela ha sido el segundo miembro de esta organización terrorista que se ha visto beneficiado por la sentencia de Estrasburgo, ya que el pasado viernes el pleno de la Sala de lo Penal dejó en libertad a Olga Oliveira.

La decisión de excarcelar a estos cuatro terroristas ha sido adoptada después de que la Fiscalía pidiera a tres secciones de la Sala de lo Penal la puesta en libertad de un total de nueve etarras y cuatro grapos, aunque hasta este miércoles no será acordada la salida de prisión de los seis miembros de ETA y los tres del Grapo restantes por estar algunos magistrados a los que les compete celebrando juicios. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha hecho estas trece nuevas peticiones de excarcelación en otros tantos informes remitidos a las correspondientes secciones después de que el pleno de la Sala de lo Penal acordara la pasada semana que estas solicitudes las resolviera el tribunal que emitió las condenas y no los 17 magistrados de la Sala de lo Penal en sesión plenaria.

Se trata por tanto de la primera vez que las excarcelaciones son ordenadas por las secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que emitieron las respectivas condenas. De este modo, la sección primera, que preside Fernando Grande-Marlaska, ha sido la encargada de ordenar la excarcelación de Recarte y Arruti, mientras que la tercera, presidida por Alfonso Guevara, ha dejado en libertad a Lizarralde y a Quintela.

Entre los seis etarras que quedarían por excarcelar figuran Juan José Zubieta Zubeldia, condenado a 1.851 años por diversos atentados como el de la casa cuartel de Vic (Barcelona) en 1991 en que murieron 11 personas, cinco de ellas niños, y Jesús María Zabarte, conocido como el carnicero de Mondragón y en cuyo amplio historial de asesinatos figura el del niño José María Piris. También están Javier María Goldaraz -condenado por el secuestro del industrial Adolfo Villoslada-; Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga -condenado a 315 años por la muerte de tres militares- y José Ignacio Etxeverria Pascual. Los otros tres grapo pendientes de ser excarcelados son Guillermo Vázquez Bautista -condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles-, María Jesús Romero Vega y Encarnación León Lara.

La pasada semana fueron excarcelados trece etarras, entre ellos José Luis López Ruiz, Kubati, condenado entre otros asesinatos por el de la arrepentida María Dolores González Catarain Yoyes; un preso de la llamada vía Nanclares, Antonio Alza, y la integrante del comando Madrid Inmaculada Noble, condenada por el asesinato del comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas en 1986. En esa misma reunión plenaria se acordó la puesta en libertad de la grapo Olga Oliveira y de Pompeyo Miranda, un español que mató a un hombre en Bolivia y que cuando fue trasladado a España para cumplir condena se le aplicó la doctrina Parot.

En el pleno de la semana anterior, se acordó la puesta en libertad de otros nueve etarras -entre ellos Domingo Troitiño (condenado por el atentado de Hipercor)-, tras haber ordenado semanas antes la puesta en libertad de la etarra Inés del Río (directamente beneficiada por la sentencia de Estrasburgo) y Juan Manuel Piriz.

Además, el pleno del Tribunal Constitucional comenzaba a estudiar el recurso de amparo contra la doctrina Parot que fue interpuesto por el preso etarra Ignacio Fernández de Larrinoa, con lo que será la primera oportunidad que tenga el Constitucional de cambiar su jurisprudencia sobre este criterio, que en su día validó. No obstante, el Alto Tribunal, que tiene pendientes un total de 30 recursos de amparo contra la aplicación de la doctrina Parot, 27 de ellos de presos de ETA, no ha llegado a ningún acuerdo al respecto y seguirá estudiando esta cuestión.