Aguirre propone a Rajoy devolver al Estado Sanidad, Educación y Justicia

Madrid/La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha propuesto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el Estado asuma las competencias de Sanidad, Justicia y Educación, y los ayuntamientos, las de Transportes y Servicios Sociales, lo supondría un ahorro de 48.000 millones de euros para las autonomías. Así se lo ha indicado hoy Aguirre al presidente en la primera reunión oficial que han celebrado ambos desde que Rajoy accedió al cargo hace casi cuatro meses, dentro de la ronda de encuentros que mantiene con los presidentes autonómicos en la últimas semanas.

En la reunión, que ha durado una hora y veinte minutos, la presidenta ha expresado su convicción de que para salir de la crisis hay que "adelgazar" y "encarar una reforma en profundidad" de la Administración pública, maximizar los ingresos, reducir los gastos y "cortar radicalmente con la duplicación y triplicación de funciones". Ha dicho que, personalmente, no cree que se produzca una intervención de la Unión Europea en España y que entre los países con problemas, se queda con el modelo irlandés para salir de la crisis, pues, tal y como le ha comunicado hoy a Rajoy, considera que "más vale una vez coloraos que ciento amarillos".

La presidenta se ha mostrado también partidaria de retirar las subvenciones públicas "a todos los que pueden y deben sostenerse solos", entre los cuales ha citado a los partidos políticos, las patronales, los sindicatos y las rentas altas. Esta crisis, ha dicho Aguirre, es el mejor momento para llevar a cabo reformas verdaderamente profundas porque serán ahora mejor comprendidas y aceptadas que en épocas de "bonanza" económica, entre las cuales ha destacado "la necesidad de revisar todo el Estado de las autonomías". A su juicio, el Estado autonómico "probablemente no ha servido para lo que se creó: integrar a los partidos nacionalistas catalanes y del País Vasco", sino que, por el contrario, ha servido para "encarecer y complicar el funcionamiento de las demás regiones".

Según la presidenta, analistas de todo el mundo opinan que España "no puede permitirse el lujo de tener 17 miniestados, como llaman algunos" a las comunidades autónomas, y por ello ha insistido en que su experiencia corrobora la necesidad de "encarar una reforma en profundidad de las Administraciones públicas" y de reducir "drásticamente" los gastos. Para llevar a cabo esa reforma, ha continuado, se hace "imprescindible la colaboración del PSOE", al que ha pedido que se reconduzca hacia "la senda de la socialdemocracia moderada y europea" y no sea "el aliado constante de los más radicales, comunistas y nacionalistas".

Preguntada sobre la manera en que el Gobierno piensa ahorrar 10.000 millones en Sanidad y Educación, Aguirre no ha querido dar detalles pero ha señalado que no cree que sea mediante "recortes", sino a base de "reformas en la legislación". Personalmente ha dicho que "jamás" ha sido partidaria del copago sanitario, porque "encarece" más que abarata los costes, y ha señalado que la Sanidad pública seguirá siendo gratuita en todo lo relacionado con la salud y la curación de enfermedades. En cuanto a la Educación, ha opinado que "no tiene sentido" que el Estado subvencione un 9% del coste de los másteres universitarios y que se obligue a las comunidades a afrontar esos gastos que no corresponden a la enseñanza obligatoria, la que afecta al tramo comprendido entre los 6 y los 16 años.

Ha explicado que en la reunión -celebrada a instancias del presidente del Gobierno, a quien ella le había pedido por carta mantener este encuentro- ha optado por "no distraer" la atención de Rajoy "con cuestiones localistas puramente madrileñas" para centrarse en la situación "difícil y complicada" de la economía española, sin "perderse en reivindicaciones de campanario que en estos momentos supondrían perder el tiempo". Por ello, ha preferido centrar esta reunión en las medidas que deberían tomar los poderes públicos para "recuperar la senda del crecimiento y del bienestar que necesita España", entre las cuales ha destacado la necesidad de "reducir drásticamente el déficit" y de adoptar reformas "verdaderamente profundas" para lograrlo.

Mas avala una recentralización que afecte sólo a las autonomías "artificiales"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no ha puesto objeciones a que se inicie en España un proceso de recentralización de competencias, siempre y cuando afecte sólo a las autonomías creadas "artificialmente" y no a territorios como el País Vasco o Cataluña, con una secular "voluntad de autogobierno". En la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlamento catalán, Mas ha aprovechado para contestar a las declaraciones de la presidenta de Madrid.

Dándole la vuelta a la tortilla y evitando darse por aludido con esas declaraciones, Mas ha invitado a aquellas comunidades, creadas durante la Transición para completar el Estado de las Autonomías y que ahora quieran devolver competencias al Estado, a que lo hagan sin ningún complejo, siempre que se permita una descentralización asimétrica y se ponga fin así al llamado "café para todos". "Si hay comunidades como la de Madrid, parece ser, que dicen que la sanidad, la enseñanza y la justicia se pueden transferir hacia el Estado central y el transporte y los servicios sociales hacia los ayuntamientos, pues que lo hagan para ellas", ha señalado.

Según Mas, lo que demostrarán entonces "es lo que ya sabíamos desde hace muchos años: que efectivamente hay comunidades autónomas que responden a una cosa artificial, que se creó para hacer el café para todos y para diluir las aspiraciones de Cataluña y del País Vasco" en los inicios de la etapa constitucional. "Si consideran que el Estado de las Autonomías ha ido demasiado lejos, pues que lo replanteen, pero que eso no afecte a aquellos que tienen voluntad de autogobierno expresada mayoritariamente desde hace siglos", ha afirmado Mas, que ha recordado que "el café para todos fue producto de acuerdos entre el PP y el PSOE de la época".

Gobierno y comunidades estudiarán el copago por receta el 18 de abril

El Gobierno y las comunidades autónomas comenzarán a estudiar el próximo 18 de abril el copago de las recetas médicas y la posibilidad de modificar el sistema actual para que esa contribución sea en función de la renta, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Para esa fecha ha sido convocado el Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representados el Gobierno central y las comunidades autónomas. Las mismas fuentes han subrayado que se trata de estudiar las posibles modificaciones del sistema actual y han incidido en que el "copago" farmacéutico ya existe, aunque el Ejecutivo pretende -han precisado- hacer el sistema "más justo y más equitativo".

Será la primera ocasión en la que los responsables de Sanidad de los Gobiernos central y autonómicos aborden la cuestión del "copago" de las recetas, después de que el Ejecutivo haya anunciado su intención de ahorrar 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, 7.000 de los cuales serán en el ámbito sanitario. Será también el primer encuentro de los responsables de sanidad después de que el Gobierno catalán decidiera que los ciudadanos abonen un euro por receta, un pago del que están exentos los enfermos crónicos con menos recursos y los beneficiarios de una pensión no contributiva.

El Gobierno central ya ha corroborado su intención de buscar mecanismos para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y racionalizar el gasto, y entre las medidas que se plantea destaca la de que los ciudadanos paguen una parte de los medicamentos recetados en función de su nivel de renta.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han insistido en diferenciar esta medida del "copago sanitario", que el Ejecutivo ha descartado. La titular del Ministerio, Ana Mato, entregó al presidente del Gobierno un documento en el que se concretan sus propuestas para acometer la reforma sanitaria, un documento en el que los responsables del Ministerio están trabajando desde que llegaron al Ejecutivo. El documento detalla algunas medidas con las que el Ministerio pretende ahorrar unos 7.000 millones de euros; entre éstas, además de revisar el actual sistema de "copago" por recetas, figuran la creación de una Agencia Central de Compras de Medicamentos y Productos Sanitarios para tratar de conseguir mejores precios de adquisición.

El Ministerio plantea además en el mismo documento una revisión del "turismo sanitario", con el fin de evitar situaciones que se repiten en España, donde en muchas ocasiones la sanidad pública atiende a un paciente y posteriormente se regulariza y ordena la documentación del mismo. Las mismas fuentes han precisado que también se revisará, con el fin de reforzar los controles, el gasto en "transporte sanitario", y han apuntado en este sentido que se trata de controlar y corroborar la necesidad que tienen los ciudadanos que hacen uso de ese transporte (como ambulancias para el traslado de pacientes en rehabilitación).

La intención del Gobierno con estas medidas es, han subrayado las mismas fuentes del Ministerio, optimizar la gestión de los recursos con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema y de evitar el "copago" por las prestaciones sanitarias. Las medidas previstas en el documento en el que Ana Mato ha plasmado la reforma sanitaria persiguen, han concluido las mismas fuentes, garantizar que España siga teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y que ese sistema siga siendo "público, gratuito, universal y de calidad".