Afectados por el caos piden embargos a los controladores

La Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo pidieron ayer a la Fiscalía General del Estado que solicite el embargo de bienes de los controladores para garantizar el cobro efectivo de las posibles indemnizaciones derivadas del caos aéreo del pasado 3 de diciembre.

Los representantes de la agrupación trasladaron esta petición a la Fiscalía durante la reunión que mantuvieron ayer por la mañana con el objeto obtener información sobre las diligencias de investigación iniciadas por varios fiscales en los últimos días contra más de 400 controladores y sobre la postura de la Fiscalía en relación con los procedimientos penales abiertos.

Durante dicho encuentro, el ex Magistrado del Tribunal Supremo y socio de Cremades & Calvo-Sotelo Manuel Iglesias manifestó el interés de los afectados por que en los distintos procedimientos penales se abran las correspondientes piezas de responsabilidad civil para que los controladores tengan que responder con su patrimonio personal de la posible responsabilidad civil derivada del delito.

Por su parte, la presidenta de la agrupación, Elena Fuente, se mostró firme: "Queremos que los controladores sean los que respondan de las indemnizaciones con su patrimonio personal". "Aena será demandada porque como empresa pública debería haber garantizado el tránsito aéreo y no lo hizo, pero todos conocemos la dejación grave que de sus obligaciones hicieron los controladores", añadió Fuente.

Un total de cinco controladores aéreos de Manises (Valencia) se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante la Fiscalía de Valencia, donde fueron citados por su no presentación o abandono del puesto de trabajo entre la tarde del viernes y la mañana del sábado del puente festivo, informaron a Europa Press fuentes del ministerio público.

Ayer, otros ocho controladores destinados en Barajas y de Torrejón de Ardoz se negaron a declarar ante la Fiscalía de Madrid, un silencio que mantuvieron sus doce compañeros citados el pasado jueves y los seis que comparecieron al día siguiente.

Los controladores que faltaron a su puesto de trabajo se enfrentan a penas de hasta ocho año de prisión por un delito de sedición.