Admitida a trámite la querella de Anticorrupción contra el despacho de Montoro

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados, según han informado fuentes fiscales a Europa Press.

La juez instructora de los juzgados de Plaza de Castilla Patricia Jiménez-Alfaro admitió el pasado 25 de abril la querella interpuesta contra siete personas y la propia consultora como persona jurídica por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las cámaras de comercio.

El ministro de Hacienda se desvinculó de este despacho dos años más tarde de su fundación, que inicialmente se llamó Montoro y Asociados. Ante las noticias aparecidas en su día sobre este asunto, el propio Montoro señaló que cuando abandonó la consultora pasó a denominarse Equipo Económico y que hasta entonces no había contratado con ninguna administración.

Entre los investigados, a los que la magistrada tendrá que citar a declarar, se encuentran un hermano del ministro, Ricardo, que ejerció como consejero de Equipo Económico; el ex presidente del Consejo Superior de Cámaras Manuel Teruel y la exsecretaria general de dicho órgano Carmen de Miguel.

La fiscal Carmen García Cerdá apunta también contra otros miembros de la consultora como el que fuera secretario de Estado de Presupuestos de Montoro durante el Gobierno de José María Aznar y presidente del Consejo de Administración de la consultora, Ricardo Martínez Rico; el ex director general de la Agencia TributariaSalvador Ruiz; el exdirector del Gabinete de éste, Manuel de Vicente-Tutor y el exdirector general del Gabinete Técnico en el Ministerio Francisco Piedras Camacho.

Anticorrupción mantenía unas diligencias de investigación abiertas sobre la actividad de esta consultora por un posible delito de vulneración de la Ley de Contratos del Estado relacionado con un contrato que el Consejo Superior de la Cámara de Comercio le habría adjudicado sin pasar por los trámites que marca la Ley.

Según subraya la querella de 29 páginas - a raíz de la declaración de Manuel Teruel ante Fiscalía- el despacho aprovechó que la "única preocupación" del Ministerio de Economía en ese momento era el rescate financiero de España. Además, los socios de la mercantil se valieron presuntamente "del hecho de haber ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración Pública y de su posibilidad de interceder con altos cargos públicos del Estado".

El objetivo, indica el escrito, que Economía "se hiciese eco de los problemas de financiación que atravesaban las Cámaras y garantizase en una futura ley, la supervivencia de las mismas".

Teruel adjudicó "de manera directa" a Equipo Económico en marzo de 2012 un contrato, -denominado 'Contrato de Servicios de Consultoría y Asesoramiento Estratégico para la Elaboración de una Nueva Ley de Cámaras'- "con un objeto indiciariamente simulado, dirigido presuntamente a retribuir con fondos públicos la intermediación de los socios de dicha mercantil con el Ministerio de Economía para que se tramitase una nueva Ley de Cámaras de Comercio que garantizase la permanencia de las mismas", explica la querella.

Señala que el precio fue presuntamente fijado de forma arbitraria e incide en que Martínez Rico y Piedras Camacho eran los encargados de "dar cobertura" a tres facturas confeccionadas por la sociedad fundada por Montoro, remitiéndolas por correo electrónico a la exsecretaria del Consejo Superior de Cámaras.

Anticorrupción hace hincapié en que con esta operativa se permitió la "ilegal salida de fondos públicos" gestionados por el Consejo, pues el departamento financiero de dicho órgano abonó a Equipo Económico la cantidad de 106.200 euros. Asimismo, recalca que el "escueto" expediente contaba con tan sólo cuatro documentos y que los informes que se presentaron "unos eran copia de los otros".

Junto a la querella, la Fiscalía aportó a la juez de instrucción de Plaza Castilla 32 archivadores con la documentación recabada y aportadas a la causa, así como otras dos carpetas con las diligencias ya practicadas.

Tras conocer el escrito presentado en los juzgados madrileños, el despacho Equipo Económico enfatizó en un comunicado que esta querella "carece de todo fundamento jurídico, persiguiendo un objetivo distinto de la defensa de la legalidad". A su juicio, la fiscal García Cerdá se basa en "hechos falsos y por omitir pruebas relevantes" y contener "errores jurídicos, incongruencias y falta de rigor".