Acnur denuncia que España acumula 19.000 peticiones de asilo sin resolver

España acumula 19.000 peticiones de asilo a la espera de recibir una respuesta, presentadas en diferentes años por personas de Ucrania, Venezuela, Siria, Nigeria y Mali, entre otros países, según datos provisionales hasta el pasado septiembre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El número de solicitudes de asilo recibidas en España se elevó a 13.000 de enero a octubre de 2016, unas 1.500 menos que en el mismo periodo de 2015, ejercicio en el que hubo un total de 15.000. Los países de origen de las personas que demandaron protección internacional el año pasado fueron Venezuela, Ucrania, Siria, Argelia, Colombia, Palestina, El Salvador y Honduras.

En torno a un 40 por ciento de los casos que se estudian en España acceden a la protección subsidiaria o el estatuto de refugiado, las dos figuras que contempla la legislación española.

En una entrevista concedida, la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, insta al Gobierno a impulsar un sistema de asilo "de calidad, sostenible y ágil" para responder a las peticiones de protección en el plazo de seis meses que marca la ley y evitar que la gente tenga que esperar una respuesta durante uno o dos años.

Vega reconoce que ha habido un aumento de la plantilla del Ministerio del Interior para atender a los solicitantes de asilo y un incremento de los recursos del Departamento de Empleo para crear nuevas plazas de acogida, pero todavía queda "mucho por hacer" para dar "una respuesta adecuada" a la situación.

La representante de ACNUR en España pide al Ejecutivo que elabore el reglamento que desarrolle la ley de asilo del año 2009 para regular la protección por razones humanitarias, los casos de reunificación familiar en los que el cónyuge o los hijos no tienen la misma nacionalidad que el solicitante o la gestión del asilo en una embajada.

La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados reclama desde hace años un incremento de las vías legales para evitar que las personas que huyen de la guerra tengan que arriesgar su vida para llegar a un país seguro, a través de programas flexibles de reunificación familiar o visados por razones humanitarias.

Entre los "deberes" que pone al Gobierno para esta legislatura, sugiere una mejora del sistema de acogida e integración de los refugiados en España para paliar sus dificultades cuando salen de los dispositivos de protección con documentación provisional, sin conocer el idioma y con el reto de encontrar una vivienda.

Otra de sus propuestas está orientada a reforzar los canales de comunicación entre las distintas administraciones públicas y establecer alianzas con los municipios y las comunidades autónomas que quieren participar de una manera más activa en los procesos de acogida de los refugiados, liderados por el Gobierno central, que tiene la competencia en esta materia.

La organización llama al Gobierno a poner fin a las "devoluciones en caliente" en Ceuta y Melilla, por ser "contrarias a la legislación nacional, europea e internacional", que impide mandar a una persona de vuelta a su país sin haber abierto previamente un expediente administrativo para determinar si necesita protección.

"Entendemos la complejidad de la gestión de la frontera sur de España y la necesidad de trabajar en materia de seguridad, pero también hay que cumplir con las obligaciones internacionales que tenemos contraídas", subraya Vega.

Por ello, ACNUR ha propuesto a las autoridades españolas unos protocolos de actuación en las fronteras para agilizar la identificación de las personas que tienen necesidad de protección internacional, pero estos mecanismos no se están aplicando.

También expresa su preocupación por la situación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que están al doble de su capacidad y no son adecuados para acoger a refugiados.

A su juicio, los CETI deben ser lugares de identificación, registro y traslado rápido de personas en situaciones de vulnerabilidad como víctimas de trata, menores no acompañados, solicitantes de asilo o personas con discapacidad.