Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
Madrid/La Fiscalía y la Abogacía del Estado chocarán en los escritos de calificación que presentarán hoy en las causas que siguen el Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional por el procés, en los que desvelarán si acusan a los responsables –entre ellos, Oriol Junqueras y Josep Lluís Trapero– de rebelión o de sedición y malversación.
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, acusará hoy a los cabecillas del procés que se sentarán en el banquillo a partir de enero por declarar la independencia de Cataluña unilateralmente por un delito de sedición y otro de malversación, según fuentes jurídicas.
A diferencia de la Fiscalía, los servicios jurídicos del Estado consideran que lo ocurrido en Cataluña en septiembre y octubre del año pasado no incluyó la violencia suficiente como para acusar por rebelión, como hará el Ministerio Público y la acusación que ejerce Vox. Por ello, su acusación se centrará en la sedición y la malversación para los procesados por rebelión o este último delito.
Sin embargo, la Fiscalía mantendrá la calificación de rebelión. Se atribuirá a los nueve procesados que están en prisión preventiva, aunque entre ellos la Fiscalía establecerá distintos niveles de responsabilidad.
En la causa del Alto Tribunal, el Ministerio Público dividirá la acusación en tres grandes bloques dependiendo, sobre todo, de la responsabilidad que atribuya la Fiscalía a cada uno de los nueve procesados por este delito, que son todos los que permanecen en prisión provisional. El primero englobaría a los seis ex consellers por su papel decisorio en la preparación del referéndum ilegal y a los que acusará de rebelión en su modalidad agravada, quedando absorbido en ese delito el de malversación, por el que también están procesados.
Así, el ex vicepresident Oriol Junqueras soportaría la mayor pena por ser cargos principal del Govern, por lo que la Fiscalía puede pedir hasta 25 años. Mientras, para Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa la Fiscalía baraja pedir penas que no superarían los 20 años.
Un escalón por debajo, los ex líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell serían acusados sólo por rebelión, por lo que las penas reclamadas serían más bajas, entre 10 y 15 años. A los otros tres ex consellers –Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila– prevé acusarlos sólo de malversación. La pena oscilaría entre los seis y los ocho años de cárcel.
En la instrucción, la Abogacía siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y la rebelión, al punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por rebelión, malversación y desobediencia. Por tanto, cambia en la estrategia.
También se conocerá hoy la acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el ex director de los Mossos Pere Soler y la intendente Teresa Laplana.
La Guardia Civil eleva ya a más de 4 millones de euros el gasto de "fondos públicos" de la Generalitat en su camino para lograr la independencia, según uno de los últimos informes, al que tuvo acceso Europa Press. El instituto armado añade a los 3,26 millones empleados en el 1-O, otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado. Según este informe, entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el procés, la Generalitat ha contratado –desde 2014 hasta la aplicación del artículo 155– el desarrollo de dos programas informáticos al objeto de obtener datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los ciudadanos y de recaudar impuestos masivos excediendo sus competencias.
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