Hay 90 corruptos españoles en prisión
CGPJ
De los encarcelados, 50 lo están por malversación, como delito principal, 22 por cohecho y 9 están en prisión preventiva
El CGPJ señala que en España hay 90 penados -en 50 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 22 con el de cohecho- y 9 presos preventivos por delitos relacionados con la corrupción.
Son datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial a partir de la información de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.
A 1 de enero de 2019, en nuestro país hay 90 condenados cumpliendo penas privativas de libertad por sentencias de corrupción y nueve en régimen de prisión provisional.
El CGPJ, además, señala que los jueces procesaron en el tecer trimestre de 2018 a quince personas por delitos relacionados con la corrupción además de a 11 personas jurídicas en el tercer trimestre del 2018.
Uno de los cuales supuso el procesamiento de 5 personas -entre funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos- y las 11 personas jurídicas tan solo en un único procedimiento seguido en la Audiencia Nacional.
Los órganos judiciales de Castilla y León abrieron juicio oral contra otras cuatro personas, los de Galicia a cuatro y él último procesado fue en Cataluña.
Además, los juzgados y tribunales dictaron 15 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que nueve fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60%.
¿Qué delitos?
Los procedimientos tienen como sujetos activo a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
En el Código Penal se refiere a los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transaciones comerciales internacionales.
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