"Con la financiación planteada por la Junta no se garantizan las nóminas en la US"

En las dependencias del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) vuelve a escucharse el trasiego de pasos de alumnos. Es una mañana clara de finales de septiembre. La luz primera del recién estrenado otoño ilumina de lleno el despacho del rector, Miguel Ángel Castro, quien afirma su predilección por esta estación del año. "Me gusta más que la primavera", asiente.

Su rostro se ha hecho habitual las últimas semanas, en la que la Hispalense, como otras universidades, han celebrado la vuelta a la presencialidad plena, una modalidad que Castro siempre ha defendido, al entender que es "esencial" en la enseñanza superior.

El inicio de curso viene marcado también por la denominada ley Castells, que, por ahora, ha recibido escasos apoyos y muchas críticas, entre ellas, la del propio rector de la US, quien también ha mostrado su desconfianza sobre el nuevo plan de financiación que propone la Junta de Andalucía. De todo ello habla en más de media hora de entrevista.

-Puede decirse que la normalidad ha vuelto a la universidad. ¿Cómo están siendo estos primeros días?

-No ha habido incidencias destacables. El comportamiento de la comunidad universitaria está siendo ejemplar. Se han realizado todas las actividades programadas. Seguimos con todas las medidas de seguridad del curso anterior, excepto en lo que concierne a los aforos.

-Organizar la vuelta a la presencialidad al 100% en tan pocos días no habrá sido una tarea fácil...

-Nosotros aprobamos en el consejo de gobierno de junio un documento en el que apostábamos por la presencialidad total, por lo que todos los planteamientos de organización iban enfocados hacia este objetivo, ya que siempre ha sido la prioridad desde que estalló la pandemia. Por tal motivo, todos estábamos preparados para esa vuelta a las aulas, aunque es cierto que una semana antes no era seguro que pudiera ser así, de ahí que mantuviera una reunión con decanos y directores de departamentos para prever otros escenarios, como los aforos al 50%. Por tanto, esta recuperación de la normalidad no nos ha cogido de sorpresa, pues siempre la hemos tenido como principal supuesto en la planificación del nuevo curso. Sólo nos faltaba la autorización sanitaria.

-¿Piensa que las autoridades sanitarias deberían haber permitido la presencialidad plena con más semanas de antelación?

-Creo que no contribuye a la mejora de la situación que padecemos que pongamos en tela de juicio todas las medidas que las autoridades sanitarias establezcan. He decidido en este periodo acatarlas sin hacer valoraciones adicionales que, creo, no mejoran la realidad. La sociedad requiere planteamientos que sean claros: qué se puede hacer y qué no. Y luego que los responsables institucionales, en el escenario en que nos encontramos, contribuyamos a que esas decisiones se adopten adecuadamente y no generar la controversia que se observa en muchos ámbitos.

-Entiendo que huye de la confrontación en cuestiones que atañen a la salud...

-Los ciudadanos no comprenden que se generen controversias en esas cuestiones: ¿por qué ante una ley estatal un juez de una zona de España dice A y en otra dice B? Esa situación no contribuye a la serenidad que debe impregnar las acciones de toda la sociedad.

-Ha sido muy tajante al desvincular el inicio de curso de las botellonas...

-He pedido la colaboración de todos los agentes sociales para que traslademos información con el mismo propósito: generar un espacio con la máxima armonía y corresponsabilidad. La concentración de jóvenes esta semana ha sido un hecho, como lo es también que eso incumple las normas vigentes. Pero intentar relacionarlo con la actividad universitaria puede lanzar un mensaje que provoca, de nuevo, una falta de serenidad y confianza, que es lo que necesitamos en estos momentos.

-¿Es cierto que hubo más aprobados en la primavera de 2020 con los exámenes telemáticos?

-Debo precisar que a lo que me referí con esa afirmación es a los datos de las tasas de éxito, que fueron ligeramente superiores a las de años anteriores a la pandemia. Pero también dije que esa información había que analizarla con la profundidad debida, pues hubo un conjunto de anulaciones de matrículas, ya que presentamos un plan especial para ello, por lo que al final hay un porcentaje de aprobados mayor sobre un volumen menor de matriculados. Eso debe tenerse muy en cuenta. Y también debe incidirse en que esas asignaturas no estaban planificadas, según los proyectos docentes, para el sistema de evaluación que nos vimos obligados a aplicar por la situación sanitaria. En resumen, los sistemas de evaluación no eran los previstos y, en consecuencia, no son los mejores.

-Las 600 cámaras instaladas en el verano de 2020 quedan relegadas a funciones muy puntuales...

-Efectivamente. Se montaron ante una realidad urgente que ya no se produce. Por tanto, la funcionalidad es otra. Ahora bien, estos dispositivos, en este proceso de digitalización que permite incorporar herramientas complementarias, nunca sustitutorias, abren un abanico de posibilidades enorme, como son las titulaciones conjuntas, en las que se pueden impartir clases y organizar sesiones, como en Andalucía Tech.

-En definitiva, que no fue una inversión sólo para un curso...

-Por supuesto que no. Además, su uso va a ir creciendo con el tiempo. Tenemos un momento muy estratégico con la agenda de transformación del espacio europeo de educación superior, en el que las cámaras van a constituir un elemento del que no se puede prescindir. Tal es el caso de trabajos colaborativos donde se busca una solución para un problema planteado por los componentes, que se encuentran en países distintos.

-Por cierto, ¿qué protocolo sanitario se sigue con los estudiantes Erasmus que vienen a la US?

-Exactamente el mismo que con los nuestros. Para entrar en España deben cumplir con los requisitos sanitarios que las autoridades dispongan y a partir de ahí ya pueden moverse por el país, donde son de aplicación las normas comunes de seguridad e higiene.

-Pasemos a otro factor que condiciona este curso: la ley Castells. ¿Se quedará el claustro de la Hispalense en un tercio del actual?

-Estamos muy al principio del proceso de valoración y participación de este anteproyecto, que ahora está en el proceso de audiencia pública, donde la Crue y la Universidad de Sevilla hemos hecho un conjunto de valoraciones muy variadas. Respecto al asunto del claustro, es un ejemplo de una característica que presenta de forma sistemática el borrador de la ley: propone en su declaración de principios aumentar la autonomía universitaria pero, sin embargo, está regado de concreciones en su articulado que la limitan. Además, es homogénea ante una realidad totalmente heterogénea, como es el sistema universitario español, en el que hay instituciones como ésta, integrada por 80.000 personas, y luego hay otras formadas por una décima parte. Muestra, por tanto, poca sensibilidad a las diferencias que existen. Me parece un gran error pensar que la cámara representativa de la US la puedan componer 100 personas. Si a ello se unen los porcentajes establecidos, habría colectivos que no se sentirían representados.

-Con la polémica ley Wert hubo mucha contestación en la calle, algo que no ocurre con la reforma universitaria del actual Gobierno...

-Las reacciones están siendo claras. No ha habido ningún colectivo que haga una valoración positiva del anteproyecto. Si no se están produciendo movilizaciones en la calle es porque no es el momento. Ahora estamos trasladando el mensaje de que no nos ha gustado el procedimiento ni el contenido. Todo empezó en el Congreso de los Diputados, donde todos los sectores que se manifiestan contra la norma solicitaron una nueva ley que partiera de un pacto de Estado y que propiciara un sistema universitario potente, autónomo, bien financiado y que eliminara las trabas que padece. No se ha creado ese camino, de ahí el desacuerdo que ha generado, que, opino, es mucho más claro que con la ley Wert y con las anteriores.

-Algunos expertos advierten que la reforma contiene principios anticonstitucionales. ¿Piensa lo mismo?

-No soy letrado y no me corresponde hacer esa aseveración. Pero he escuchado opiniones de juristas muy prestigiosos a ese respecto que me parecen bastante razonables.

-Dígame dos necesidades del sistema universitario que la nueva ley no contemple.

-Hace algo peor: no atiende al problema de la financiación. Lo que la ley recoge es un brindis al sol para decir en un párrafo, de manera muy conceptual, que se facilitará la financiación, pero no se incluye una memoria económica ni una regulación descriptiva para garantizarla, cuando se trata de una de las principales dificultades del sistema. Y para eso hace falta un pacto de Estado, que no lo puede lograr el Gobierno sólo. Sería muy triste que sacara esta ley adelante con un solo voto más de los necesarios, pues entraría en el carrusel de los últimos años de cambiar las leyes educativas cada vez que hay una nueva mayoría para gobernar. La universidad, por ahora, se ha salvado de entrar en esa dinámica diabólica que afecta a niveles educativos anteriores.

-¿Los gobiernos no se han tomado en serio la educación?

-Todos los gobiernos otorgan en su discurso la importancia debida a la educación, pero a partir de ahí deben desarrollarse acciones ejecutivas, que no se aprecian, pues nos quedamos siempre en aspectos superficiales de los grandes proyectos. En las reformas educativas, no hablo ahora de las que conciernen a la universidad, no se afrontan los verdaderos problemas para mejorar el sistema. Algo similar ocurre con la ley Castells. Se identifican los retos, pero no se desarrolla un procedimiento articulado para abordarlos, de ahí que luego salgan titulares que generen debates poco productivos, como la firma del Jefe del Estado en los títulos. Ése no es el principal problema de la universidad española.

-Hablando de financiación. ¿La Junta de Andalucía no ha atendido las propuestas de las universidades en el nuevo modelo?

-Estoy convencido de que la consejería responsable desea el mejor funcionamiento de las universidades. Lo que no ha conseguido es incorporar en un documento las envolventes económicas que otorguen credibilidad al sistema. No aparece absolutamente nada sobre cuánto va a invertir la comunidad autónoma andaluza en la educación superior. Se habla en términos tan conceptuales y poco precisos como los que referí antes en la LOSU. No se incluye un procedimiento plurianual, con un compromiso de incremento de la inversión. No se garantiza, por tanto, la suficiencia financiera del sistema universitario público.

-¿Cómo afecta ese nuevo modelo a la US?

-En general, en todo, porque no lo garantiza. En particular, al capítulo 1 de los presupuestos, que viene precedido por las cotas de gasto de personal. Estamos constreñidos por una autorización del Gobierno andaluz a no superar un tope, que lo solicita cada universidad en función de su plantilla y necesidades. Para ello, enviamos un informe que debe ser visado por la Junta. En el actual reparto, la financiación básica operativa que recibimos, que es la fundamental para el desarrollo de las actividades, no alcanza la cota que hemos solicitado. Por tal motivo, nos vemos obligados a realizar actuaciones que no son las adecuadas para el desarrollo de nuestro servicio, de tal modo que el capítulo 1, que al final gastamos, es menor que el autorizado, y esto se debe a que la financiación que recibimos es insuficiente. Por lo tanto, con lo planteado ahora mismo, el gran peligro es si seremos capaces en 2022 de pagar las nóminas de la Universidad de Sevilla. Fíjese si es trascendente esta cuestión.

-¿Cuáles son los principales avances de la famosa agenda europea para el nuevo curso?

-Repensar la estructura de la universidad, lo que ha implicado las dos convocatorias previas en las que se han elegido 41 alianzas. Una de ellas es Uliseus, que la coordina la Universidad de Sevilla. Tenemos encomendado hacer una reflexión sobre cuál debería ser la gobernanza de estas alianzas para que las experiencias piloto provoquen una transformación global en el espacio europeo. En particular, estamos trabajando en la generación de titulaciones conjuntas, lo que supone un cambio extraordinario. Vamos a crear un máster sobre energía y sostenibilidad donde van a participar seis universidades en un experimento inédito. Del éxito de estas experiencias va a generarse el nuevo mapa europeo de titulaciones. Éste es un paso singular.

-¿Alguna fecha para la nueva Facultad de Medicina?

-Es otro gran proyecto que requiere de la colaboración e imaginación de los agentes implicados. Se trata de reestructurar todo el espacio. Implica la cesión de terrenos nuestros a la Consejería de Salud para que se modernicen unidades en el Hospital Virgen Macarena y para que todas las habitaciones tengan dos camas o menos, no tres como ahora. También resolvería la situación de los espacios académicos. Esto ahora mismo se encuentra en un punto avanzado. Queremos instalar un gran parking en el espacio del actual decanato, pues no hay plazas suficientes. Eso aportaría financiación privada. Las conversaciones están muy avanzadas. Decir una fecha sería un brindis al sol que he criticado antes.