La ley de vivienda cumple un año sin cumplir objetivos y con los alquileres en máximos
La oferta para arrendamiento habitual se desploma y el esfuerzo para pagar la mensualidad se eleva al 34,5% de los ingresos
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Este domingo se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, una norma que no ha estado exenta de críticas y cuya medida estrella, el control de precios del alquiler, solo se aplica de momento en 140 municipios catalanes declarados tensionados. Esta medida ha sido descartada por las comunidades del PP.
Y el Banco de España, por su parte, ha alertado de los efectos negativos que puede conllevar el control de los precios del alquiler de forma sostenida y que vaya acompañado de medidas estructurales que aumenten la oferta.
La primera Ley de Vivienda de la democracia, impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, se desbloqueó a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales, después de tres años de contactos.
De acuerdo con los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), la oferta de vivienda para alquiler habitual ha caído un 30,5% desde su entrada en vigor por la huida de dueños de vivienda tradicional, en su mayoría pequeños propietarios.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) calcula que el alquiler de temporada y el de habitaciones para sortear la Ley de Vivienda le han restado al tradicional más de un 25% de la oferta.
FAI coincide en que ha habido una fuga de propietarios: más del 21% hacía el alquiler temporal o turístico y un 13% hacia la compraventa. El alquiler de temporada se ha disparado un 58% hasta suponer el 11%, apunta Idealista, mientras que la oferta de alquileres permanentes se ha reducido un 15%.
Según los últimos datos disponibles de Fotocasa, el precio del alquiler se encareció en abril un 5,2% hasta 12,3 euros por metro cuadrado, con lo que el coste medio roza los 1.000 euros.
En once comunidades se superaron los máximos históricos: Asturias, Canaria, Murcia, Baleares, Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cataluña, única comunidad en la que se aplica el control del alquiler. Los precios más altos se sitúan Madrid (18,3 euros/m2/mes); Baleares (18,1 euros); Cataluña (16,7 euros) o País Vasco (15,4 euros).
Utilizando Idealista como fuente, la subida interanual en abril fue del 13% hasta 13 euros el metro cuadrado, el mayor precio de su serie histórica. Barcelona continúa siendo la capital más cara (21,1 euro) seguida por Madrid (19,2 euros); San Sebastián (17,2 euros); Palma (15,8 euros) o Málaga (14,2 euros).
Los hogares necesitaron el 22,6% de sus ingresos a la compra de una vivienda y hasta el 34,5% en el caso del alquiler el último año, según Idealista, que apunta a que en la ciudad de Barcelona el pago de la renta supone el 43%, en Palma el 41%, en Málaga el 40% o en Madrid el 38%.
Los últimos datos del Banco de España indican que las familias necesitan 7,3 años de salario bruto para adquirir una vivienda y tienen que destinar para ello el primer año más del 37% de sus ingresos brutos anuales disponibles. Los expertos recomiendan que la tasa de esfuerzo no supere el 30%.
El sector espera que el esfuerzo se incremente dado el déficit de vivienda existente, el aumento poblacional, especialmente extranjera, los próximos años, y la imposibilidad de generar un nuevo parque de viviendas a corto plazo.
Además de lanzar un bono para el alquiler joven, el Gobierno se ha comprometido a sacar al mercado 183.000 viviendas asequibles y ha aprobado una línea de avales para la compra de una primera vivienda dotado con 2.500 millones.
El Banco de España ha calculado en un informe reciente que hacen falta en España 600.000 viviendas nuevas hasta 2025.
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