La supresión de las cuotas pone en peligro el futuro de las cámaras

Las cámaras de Comercio se enfrentan a su momento más complicado desde su surgimiento a finales del siglo XIX en sustitución de las antiguas organizaciones gremiales. La eliminación de la obligatoriedad del abono de las cuotas por parte de las empresas y la voluntariedad de permanencia en las cámaras pone en peligro la viabilidad de unas instituciones centenarias. Su fundación está íntimamente ligada al espíritu de liberalización y estabilidad económica que trataron de impulsar los gobiernos de la restauración, cuyo objetivo era reemplazar unas organizaciones que se habían convertido en frenos a la libre competencia y a la excelencia por otras en las que primara el carácter técnico y profesional. España no hizo más que replicar un modelo que existía y aún sobrevive con éxito en países de su entorno como Alemania, Francia, Italia, Holanda, Austria o Luxemburgo.

La distribución de las cámaras de Comercio se articula en torno a los principales polos económicos por lo que su estructura no siempre corresponde a la clásica organización administrativa en provincias. Esta es una de las bases de su apego al desarrollo económico local. En Andalucía existen un total de 14 cámaras de comercio: además de las ocho provincias, Andújar, Ayamonte, el Campo de Gibraltar, Jerez, Linares y Motril cuentan con su propio órgano cameral, coordinadas por un Consejo Andaluz de Cámaras presidido por Antonio Ponce. Y no sólo se centran en su localidad de referencia, sino que a lo largo de los años han abierto un total de 85 antenas u oficinas, con lo que su red presta servicio a prácticamente la totalidad de los grandes núcleos de población de Andalucía.

Hasta el momento, el funcionamiento de las cámaras de Comercio venía estipulado por la Ley 3/1993, que las consagra como corporaciones de derecho público que "defienden los intereses generales del comercio, la industria y la navegación". Entre sus funciones se encuentra la representación de los intereses de las empresas ante las administraciones públicas, el fomento del comercio exterior, la formación de los empresarios, información y asesoramiento para emprendedores, y promoción y fomento del desarrollo económico de sus demarcaciones. En este sentido destaca su implicación en la gestión de recintos feriales, como ocurre en Almería, o el impulso de proyectos de dinamización empresarial como el centro de I+D para cultivos hortofrutícolas tropicales impulsado por la Cámara de Comercio de Granada.

La mayor parte de los recursos de las cámaras de Comercio proceden de la cuota obligatoria que ha decidido suprimir el Gobierno. El importe de esta cuota se deduce de los beneficios obtenidos por las empresas, por lo que no supone una carga extra para sociedades en dificultades según el Consejo Andaluz de Cámaras. El órgano sostiene además que la eliminación de la cuota sólo beneficia a las grandes empresas en perjuicio de las pymes, que sufrirán la supresión de la mayoría de los servicios que prestan las cámaras.

Un total de 559.811 empresas están inscritas en los registros de las cámaras de comercio andaluzas y son electoras de los órganos de gobierno. El 40% de ellas están exentas del pago de cuotas, y otro 35% abona menos de 20 euros anuales. En cambio, tan sólo el 0,6% del total -unas 3.200- aporta más de la mitad de los ingresos por cuotas de las cámaras.

El Consejo Andaluz de Cámaras defiende que la medida "pone en peligro la continuidad del proceso de internacionalización de las empresas andaluzas". Dos de cada tres euros ingresados a través de la cuota cameral se destinan forzosamente a este capítulo.

Desde el año 2004 se han destinado 39 millones de euros a la promoción del comercio exterior. Un millar de empresas andaluzas participan anualmente en misiones comerciales de las cámaras y otros 4.100 empresarios reciben formación en internacionalización, dos cuestiones que tendrán que ser suprimidas a partir de ahora.

También afectaría al Programa de Iniciación de Promoción Exterior (PIPE), que ejecutan el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Unas 250 empresas andaluzas no podrán recibir la ayuda en el programa de seguimiento de su internacionalización.

Además, las cámaras juegan un importante papel en la tramitación de los documentos de Admisión Temporal de Mercancías y de los Certificados de Origen Comunitario, dos herramientas esenciales en el comercio internacional de mercancías. Las cámaras andaluzas estiman que dejarían de ser emitidos unos 16.000 certificados que afectarían a 600 empresas exportadoras.

El Consejo Andaluz de Cámaras también prevé graves perjuicios en el aspecto formativo. "5.400 empresarias andaluzas no contarán con asesoramiento para la puesta en marcha de su actividad, 1.200 empresas andaluzas dejarán de participar en acciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas, y dejarán de ser atendidas 16.000 consultas de asesoramiento especializado", señala el organismo cameral.

Las acciones para fomentar la implantación de nuevas tecnologías también se pondrían en solfa. La emisión de certificados digitales no se mantendría, así como se dejarían de gestionar 2.300 acciones en materia de innovación y se abandonaría la ejecución de 1.300 planes de innovación en empresas andaluzas.

El Gobierno estima que la supresión de las cuotas camerales supondrá un ahorro de 250 millones de euros anuales para las empresas, de los que 90 millones repercutirán en las pymes. El Ejecutivo adoptó la medida en un real decreto que fue convalidado el pasado martes en el Congreso por PSOE, PNV y Coalición Canaria, evitando así que la norma se tramitara como proyecto de ley para que se pudieran introducir enmiendas.

Sin embargo, aún puede haber pequeños cambios. PNV y CiU pretenden aprovechar la votación de la Ley de Economía Sostenible -que se prevé ejecutar el próximo martes en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso- para ampliar de dos a tres años el plazo concedido por el Gobierno a las cámaras para adaptarse a la nueva situación.