El sueño cada vez más cercano de un trigo sin gluten

Las técnicas desarrolladas por un equipo científico del CSIC en Córdoba ya están patentadas y pendientes de su aprobación para ser comercializadas en países como EEUU

En Europa la legislación es muy restrictiva, incluso con fórmulas de edición genéticas, no consideradas transgénicas

Expertos alertan de que la UE necesita ser más flexible para propiciar la soberanía alimentaria

Equipo de investigación de Francisco Barro en un momento de los trabajos
Equipo de investigación de Francisco Barro en un momento de los trabajos

La enfermedad celíaca y los diferentes grados de intolerancia al gluten causan no solo problemas de salud a aproximadamente un 10% de la población, sino también económicos. Recientemente, ha habido manifestaciones en protesta por los altos precios que soporta este colectivo para sostener una dieta libre de gluten. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España calcula que, en 2022, la cesta de la compra subió en 170 euros para los celíacos e intolerantes al gluten, en un contexto de alta inflación.

El exceso de gasto respecto al resto de la población es de 540 euros, un 12% más. Es decir: la compra con gluten supone, de media, 997 euros al año, y sin gluten 1.536 euros.

En este contexto, la necesidad de dar una solución a este tipo de intolerancia es cada vez más acuciante. Y ahí se inscriben investigaciones como la liderada por Francisco Barro Losada, científico del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con sede en Córdoba.

Barro y su grupo han desarrollado técnicas biotecnológicas que sitúan cada vez más cerca el sueño de un trigo sin gluten perfectamente comercializable y consumible por humanos.

La primera aproximación comenzó en 2010 con un trigo transgénico. Lo que se hizo fue crear un gen sintético con las secuencias de gliadinas (grupo de proteínas que causan la enfermedad celiaca) que se pretende eliminar. "Cuando este gen se expresa, proporciona un ARN de doble cadena. Entonces se pone en marcha la maquinaria de las células para tratar de destruir los ARN mensajeros de las gliadinas", explica Barro, que añade que ese grupo de proteínas nunca se sintetiza. El resultado fue la eliminación del 98% de proteínas del gluten relacionadas con la celiaquía.

Espiga y granos con los que se ha trabajado
Espiga y granos con los que se ha trabajado

Hace unos seis años el grupo desarrolló otra tecnología, basada en la edición genética denominada CRISPR/Cas. En este caso, el resultado no es desde el punto de vista científico un transgénico, ya que no se usa un gen externo a la planta, sino que se modifican o editan los ya existentes para conseguir el objetivo planteado. En el caso del trigo sin gluten, Barro lo explica: "Lo que hicimos fue introducir de manera transitoria todos los reactivos necesarios para eliminar, no los ARN mensajeros, sino los genes en sí mismos, y para lograr las mutaciones necesarias. Luego regeneramos una planta por técnicas de cultivo in vitro y conseguimos una variedad que no tiene el gluten tóxico del trigo".

El trabajo científico terminó, con éxito en laboratorio y pruebas clínicas, y la patente se ha registrado en varios países (EEUU, México, Japón, etc.), ha sido comprada por empresas comercializadoras y está a la espera de las respectivas aprobaciones.

Según afirma Barro, es difícil saber cuándo llegará ese momento, porque cada país sigue su ritmo. Pero donde sí está completamente parado el proceso es en la Unión Europea. No solo la legislación sobre transgénicos es mucho más restrictiva en la UE sino que una sentencia del Tribunal de Justicia de julio de 2018 consideró que los organismos obtenidos con edición genética también son Organismos Modificados Genéticamente (OMG), a pesar de que no incorporan ningún ADN exógeno a las plantas.

Barro afirma que el problema es "una regulación obsoleta, que data de los años 90", y que la elaboración de una nueva normativa avanza muy lentamente, por el intensísimo debate que suscita y la necesidad de poner de acuerdo a muchos actores. Y, mientras, otros países, como EEUU, Brasil o Japón avanzan muy rápidamente.

El del trigo sin gluten es solo un ejemplo. Como afirma Fermín Azanza, director de I+D de cultivos extensivos del Grupo Limagrain, las técnicas de edición genética permiten acelerar la mejora vegetal y desarrollar nuevas variedades con características nutricionales mejores, más resistentes a enfermedades, o mejor adaptadas a condiciones de sequía. Y esto, afirma, es fundamental en un contexto de crisis climática y en el que las tensiones geopolíticas hacen que cobre más importancia la soberanía alimentaria.

"Si en la Unión Europea frenamos el avance de estas técnicas, la agricultura europea tendrá más dificultades para adaptarnos al cambio climático. En consecuencia, seremos cada vez más dependientes de los de los sistemas agrícolas de otros países. Cuanto más restrictivos seamos, menos produciremos y estaremos obligados a importar más del exterior. Una regulación restrictiva, implicara la perdida de la independencia tecnológica en un área crítica con enorme potencial de futuro como la edición genética. La inversión en investigación disminuirá en Europa si los productos obtenidos con esta herramienta no alcanzan el mercado en Europa. La agricultura está sometida a un montón de desafíos y privarse de esta herramienta no nos permitirá acelerar la búsqueda de soluciones", afirma Azanza.

Las empresas obtentoras, un actor clave del sistema agrario

Como señala Fermín Azanza, el papel de las empresas obtentoras de semillas es "ofrecer a los agricultores y a la industria de la alimentación variedades que correspondan a sus necesidades dentro de un marco de agricultura sostenible: la demanda es muy diversa en función de los cultivos y los países. Del maíz americano a la soja de Brasil, pasando por los tomates japoneses, los pimientos holandeses, la sandía americana o el trigo europeo". En España, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) agrupa a 58 organizaciones, lo que da cuenta de la diversificación del sector, que factura en su conjunto más de 730 millones de euros, según un informe del Instituto Cerdá publicado en noviembre de 2021.

El estudio refleja que el sector aporta 985 millones de valor añadido a la economía española y emplea a 15.800 personas, 3.600 de ellos con alta cualificación profesional.

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