Los sindicatos proponen una indemnización de hasta 28 días en el ERE de Marypaz y crear una bolsa de empleo

El plan de despidos de la cadena de zapaterías afecta en Andalucía a 122 trabajadores, el 45% de la plantilla

La compañía presentó concurso de acreedores el pasado mes de mayo con un pasivo de más de veinte millones de euros y con una evolución a la baja del negocio

La empresa de calzado Marypaz presenta un ERE que afecta a 276 trabajadores e implica el cierre de sus 54 tiendas

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Sevilla/La representación sindical ha presentado, ante el expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa de zapaterías Marypaz, que la indemnización por despido llegue hasta los 28 días por año trabajado, mejorando los 20 que marca el Estatuto de los Trabajadores, con un tope de 15 mensualidades frente a los doce que marca la normativa, así como la creación de una bolsa de empleo.

Tras criticar el sindicato CCOO en un comunicado que la empresa y el administrador concursal "no se han movido más allá de aplicar los mínimos del Estatuto de los Trabajadores", ha seguido detallando la propuesta de la parte social para "paliar, al menos en parte, la lamentable situación de esta negociación". Así, ha reclamado desafectar del despido con su traslado a tiendas que permanezcan abiertas cuando los afectados son los dos miembros de una pareja y mantener una, a personas con reconocimiento judicial o administrativo de haber padecido violencia de género y a trabajadores con descendientes con discapacidad superior al 33%.

De igual manera, ha pedido que se posibilite que una trabajadora de las tiendas que permanezcan abiertas se pueda acoger al ERE, si así lo desea, y que su puesto sea cubierto por otra persona de las tiendas afectadas por el cierre que quiera mantener el puesto de trabajo.

Y, por último, los sindicatos proponen la creación de una bolsa de empleo por parte de la nueva empresa que mantenga la explotación de aquellas tiendas que vaya a comprar, de manera que, cuando quiera ampliar la plantilla, recurra de forma prioritaria al personal afectado por el plan de despidos.

El ERE, al detalle

El ERE que presentó la cadena de zapaterías de origen andaluz Marypaz el pasado 2 de agosto afecta a 22 tiendas en Andalucía y 122 trabajadores, el 45% de la plantilla. En toda España son 51 tiendas y 267 trabajadores, aunque en un primer momento la empresa informó a la parte sindical de que eran 54 y 276, respectivamente. Por provincias, el cierre de tiendas se distribuye de la siguiente manera: 7 en Sevilla, 5 en Cádiz, 3 en Jaén, 2 en Almería, otras 2 en Málaga y una en Córdoba, Granada y Huelva, respectivamente.

La sociedad Crocea Mors, vinculada al empresario madrileño Álvaro Pellón y propietaria de la marca, está ahora mismo en fase de liquidación, después de que presentara concurso de acreedores el pasado mes de mayo con un pasivo de más de veinte millones de euros y con una evolución a la baja del negocio. 

Por tanto, el ERE conllevaría el cierre de todos los establecimientos, aunque hay una ventana para la supervivencia. Una oferta de compra en el marco del proceso concursal garantiza el mantenimiento de 16 tiendas, las que son rentables, y estudia incluir seis más si se considera que tienen viabilidad. En total, cabe la posibilidad de que se conserven en total 22, según informan fuentes de Comisiones Obreras, que lidera la negociación del ERE en la parte sindical. Las fuentes prefieren no decir el nombre del ofertante, para garantizar que la operación llega a buen puerto. Sí que aseguran que el administrador concursal ya ha dado el visto bueno y que todo depende de la decisión del juez de lo Mercantil.

Marypaz es una empresa fundada en Sevilla por la familia Aguaded, que la llevó a tener hasta 2.000 trabajadores y 400 tiendas, algunas en países como Arabia Saudí, Francia, Kuwait y República Dominicana. En 2016 presentó un primer concurso de acreedores y fue adquirida por el fondo Black Toro. Dos años después, volvió de nuevo a concurso y fue cuando la compró Crocea Mors. La empresa fue golpeada duramente por la pandemia y el remate fue, según el informe de la administración concursal, el rechazo de la sociedad estatal Cofides a conceder una línea de financiación por los graves efectos causados por el coronavirus.

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