Simplificación administrativa

LA guerra de Ucrania, las consecuencias económicas de la Covid, el conflicto en Palestina, los episodios de inflación que hemos padecido son, entre otros, elementos que explican el daño causado a la actividad con efectos negativos sobre el crecimiento y el empleo. Adicionalmente, la competencia china está añadiendo mayor presión sobre el aparato productivo de los países occidentales.

Todos estos elementos configuran una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de profundizar en las reformas administrativas necesarias en materia de simplificación de trámites y mejora de la regulación económica, para favorecer que los proyectos de inversión del sector privado se materialicen en actividad productiva y generación de empleo en el menor tiempo posible.

La regulación suele entenderse como política pública trasversal, que debe funcionar para que toda intervención del gobierno garantice la consecución de sus objetivos de interés público al mínimo coste, convirtiéndose en un pilar fundamental para promover la productividad, la creación de empleo y un crecimiento sólido y estable de nuestra economía y, al mismo tiempo, para contribuir a una mejora en la prestación de servicios y, en consecuencia, en el bienestar de ciudadanos y empresas. Las clásicas políticas monetarias, fiscales y de tipo de cambio, no resuelven los problemas estructurales de las economías; solo contribuyen a estímulos a corto plazo para el restablecimiento e impulso de la actividad.

La acumulación de problemas ha puesto una enorme presión sobre los gobiernos para que adoptaran medidas con mayor rapidez. Es necesario revisar los mecanismos utilizados que estén basados en la evidencia científica y coordinados a nivel internacional.

La OCDE confirma que aquellos países o regiones con una mejor puntuación en los indicadores de calidad regulatoria e institucional, suelen mostrar un crecimiento potencial a largo plazo más elevado y robusto. Asimismo, dichos países también cuentan con mayores niveles de productividad y, en consecuencia, niveles de bienestar más elevados para sus ciudadanos.

Además de las políticas transversales, las mejoras en la legislación administrativa sectorial tienen un impacto favorable en las actividades económicas y la creación de empresas, produciendo también efectos significativos en el aumento de la renta per cápita, cuando se trata de mejoras sustanciales.

Continuando un trabajo que arrancó en la pasada legislatura, en febrero del presente año se aprobó el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración y el impulso de la actividad económica en Andalucía. Estas medidas de impulso de la gestión administrativa y de simplificación de procedimientos, ha afectado a la revisión de efectos del silencio administrativo, a los plazos de resolución, a la agilidad en la tramitación de informes sectoriales, al principio de mínima intervención administrativa, a las funciones de comprobación y control, a las autorizaciones, licencias y registros, a la documentación en poder de la Administración, a la comprobación automatizada de información.

En conjunto, más de 450 procedimientos administrativos han sido modificados.

Sectorialmente, se han modificado con gran extensión las normas reguladoras. Estas abarcan las medidas relacionadas con los proyectos de interés estratégico, medidas de simplificación en materia de atención a a los ciudadanos, en materia de educación, en el ámbito del comercio, agricultura, universidades, turismo y todos los restantes ámbitos de competencias y responsabilidades de la Comunidad Autónoma.

La simplificación administrativa y la mejora de la regulación, no se llevan a cabo de una sola vez. Las Administraciones Públicas aprueban normas continuamente, por lo que resulta relevante el análisis y control de las nuevas normativas. Un hito relevante es la novedosa regulación que se introduce con la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Se trata de un instrumento fundamental para propiciar un análisis adecuado sobre los potenciales efectos negativos de las nuevas normas. En estos casos, tras el oportuno análisis, deberían mitigarse esos efectos utilizando otras alternativas regulatorias más eficientes.

El desarrollo sistemático de este tipo de análisis por las Administraciones Públicas conduce a una regulación y actuación administrativa más ágil y simplificada, esto es, de mayor calidad, que permite dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir trabas y cargas administrativas, siendo la evaluación ex ante, a través de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, uno de los instrumentos claves para alcanzar dichos objetivos.

En la regulación de su contenido se presta especial atención a la valoración del impacto económico de las propuestas, que debe ser entendida como un concepto más amplio que la estimación del coste presupuestario, haciendo hincapié en el impacto sobre la competencia y unidad de mercado.

Se aprovecha la inclusión de la MAIN para hacer una importante labor de simplificación en cuanto a que se introducen excepciones para la obligatoriedad del informe económico-financiero y presupuestario. También se recoge un procedimiento simplificado y reducido para aquellos casos en los que de la memoria económica aportada se desprenda claramente que no tiene incidencia económica financiera o que teniéndola esté dentro de las disponibilidades presupuestarias tanto del ejercicio corriente como de ejercicios futuros.

Las mejores llevadas a cabo en el ámbito de la simplificación administrativa conducen a una mayor competitividad de la economía andaluza.