Seopan pide reabrir el debate del pago por uso en las autovías españolas

Santander/España debe imponer peajes al tráfico de media y larga distancia por carretera. Ésa es la postura de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, que ve necesario reabrir el debate público sobre una medida que resulta impopular y que ha sido objeto de polémicas electorales. Sin ir más lejos, en la campaña de hace casi un año en las elecciones a Cortes Generales de julio de 2023, en la que en el debate cara a cara entre el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el primero conminó al segundo a que reconociera que había pactado con la Comisión Europea cobrar por usar la red de autovías para recibir la financiación comunitaria del plan de recuperación tras la pandemia.

España tenía esa condición incluida entre los compromisos con Bruselas, pero la sustituyó después por medidas para potenciar el uso del ferrocarril. Detrás de ello está el problema del mantenimiento de las vías de alta capacidad.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, abogó este martes por reabrir el debate de la implantación de peajes para mitigar los 2.100 millones de euros en mantenimiento de carreteras que no se ejecutan cada año, lo que está provocando un deterioro constante de la red de vías de alta capacidad españolas.

La propuesta de las empresas constructoras y titulares de concesiones es implantar un pago por uso en los tramos interurbanos de las autovías y autopistas españolas, que no afectaría a los movimientos en las conurbaciones de grandes ciudades. “No se cobraría al que va al trabajo con el coche”, dijo Núñez.

A preguntas de este diario, matizó que se trataría de crear concesiones que explotaran el pago por uso mediante arcos que detecten el uso de las vías de alta capacidad y que se pagaría en función de la distancia recorrida con un coste de 14 céntimos de euro por kilómetro. Esto es, 14 euros cada 100 kilómetros.

Seopan opina que los colectivos o partidos que están en contra de un sistema de pago por uso deberían explicar cuál es su alternativa para “asumir esos 2.100 millones anuales, de dónde lo detraerían de la educción, de la sanidad o dejarían que las carreteras se siguieran degradando”.