Los puertos, pendientes de una Europa dividida por la exención a los combustibles aéreos y marítimos

Algeciras/Los gobiernos de la Unión Europea están divididos respecto al futuro de las exenciones fiscales a los combustibles fósiles del transporte aéreo y marítimo. La revisión de la Directiva de Tributación Energética (ETD) ha abierto un profundo debate sobre la introducción paulatina de los gravámenes a estos productos para cumplir con los objetivos climáticos de la UE del que no pierde ojo la industria portuaria española, por los efectos que podría tener.

La última reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión (Ecofin) hace solo unos días estuvo centrada en este asunto con dos bandos muy marcados. Por un lado, Francia, Países Bajos y Bélgica, alineados con la postura del ejecutivo comunitario de revisar la normativa vigente desde 2003, "claramente obsoleta" por no ir en la línea de los compromisos climáticos actuales al aplicar exenciones a los combustibles fósiles. Por el otro, el grueso de países de la UE, encabezados por Hungría, que ostenta la presidencia rotatoria y que ha puesto sobre la mesa mantener las dispensas diez años más, con el compromiso de revisarlas en 2035. Posturas distantes para un asunto que debe resolverse por unanimidad.

Con su propuesta, Bruselas pretendía acabar con lo que entiende son "incentivos erróneos" que favorecerían el uso de combustibles fósiles, como es el caso de las exenciones y reducciones que aplican los Estados miembros y, en concreto, el hecho de que la aviación y el transporte marítimo están "totalmente exentos" de impuestos energéticos.

El planteamiento comunitario incluye una aplicación paulatina de los impuestos al queroseno utilizado por la aviación y el aceite pesado del sector marítimo para viajes dentro de la UE, siendo este el punto que más problemas está causando a la hora de buscar un acuerdo para la nueva normativa. Con ello pretenden forzar una transición hacia energías limpias como el combustible sostenible de aviación (SAF) como el que Moeve produce en Andalucía o metanol verde, derivado del hidrógeno verde para los buques, entre otras soluciones.

El 'bunkering', perjudicado

Mientras los ministros europeos dilucidan, los puertos europeos y, en este caso los españoles, siguen de cerca la evolución de la futura directiva. En el caso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), se posicionan a favor de extender la exención a los combustibles marítimos y aéreos al entender que, de lo contrario, podrían provocar "graves impactos económicos y sociales" a actividades como el repostaje en atraque o fondeo (bunkering). De hecho, la dársena concentra el 40% a nivel nacional y solo en 2023 suministró más de 3,5 millones de toneladas de hidrocarburos. Además, hace solo unos días protagonizó el primer suministro de gas natural licuado en fondeo de España.

"Aplicar una fiscalidad adicional en los combustibles marítimos incentivaría a las navieras a repostar en puertos no europeos, afectando de manera directa a los ingresos, el empleo y la competitividad de los puertos europeos", alerta Gerardo Landaluce, presidente de Puerto de Algeciras. Este desincentivo se sumaría, igualmente, a la ya existente directiva ETS que grava las emisiones de CO2 de los buques, contra la que muchas autoridades portuarias europeas, especialmente mediterráneas, vienen luchando desde hace tiempo.

El mandatario apunta desde la dársena que considera "un paso prudente y necesario" la propuesta de extender la exención para "preservar durante una década la competitividad de puertos clave como el de Algeciras" lo que permitirá contar con tiempo para buscar soluciones que cumplan los objetivos planteados en materia medioambiental "sin comprometer la economía regional ni el tejido industrial vinculado al sector marítimo".

"Desde la APBA reiteramos nuestro compromiso con la sostenibilidad, pero subrayamos que la eliminación inmediata de la exención de impuestos no solo no contribuirá a los objetivos climáticos, sino que provocará el desplazamiento de actividades fuera del ámbito europeo, con la pérdida de ingresos fiscales y empleos asociados", sentencia.

Opiniones divididas

"Se ha hecho un trabajo excelente para encontrar una base común entre todas las sensibilidades, incluyendo algunas exenciones, sobre todo la excepción del transporte aéreo y marítimo para tener en cuenta las especificidades, e incluir una cláusula de revisión. Estos cambios no minan el objetivo principal de la directiva que es alinear la tributación con el objetivo de descarbonizar en 2050", declaró la secretaria del Tesoro española, Paula Conthe, sobre la propuesta de la normativa comunitaria que instauraría los gravámenes.

En la misma línea se han pronunciado otros responsables nacionales, como el ministro alemán Jörg Kukies, que se abre a que la revisión planteada se produzca en un horizonte temporal más próximo a 2035, pero manteniendo en primera instancia la exención actual.

Dentro del debate aparecen casos particulares afectados por las propias condiciones del país. Uno de ellos es Grecia, cuyo ministro criticó que aplicar tipos impositivos a estas materias pondría en riesgo la competitividad del turismo griego respecto a otros países mediterráneos. Por su parte, Portugal y, especialmente, el país insular Malta han reclamado que se tenga en cuenta su particular situación geográfica. "Solo se entra por avión o barco", expresaron representantes malteses.

En el lado contrario, el ministro francésAntoine Armand, con un discurso semejante a sus homólogos neerlandés y belga, ha "lamentado" la voluntad del resto de países de excluir de los impuestos a estos dos sectores y ha denunciado que este movimiento "impedirá" a la UE alcanzar sus objetivos climáticos planteados para 2050.