Las principales eléctricas recurren el impuesto extraordinario en la Audiencia Nacional

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha anunciado este jueves su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario y temporal a las grandes energéticas, impulsado por el Gobierno.

En un comunicado, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, tilda de "discriminatorio e injustificado" este gravamen, que se aplica sobre los ingresos no regulados en territorio nacional, con un tipo del 1,2%.

Para Aelec, la prestación "penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético", y es incoherente desde el punto de vista fiscal porque "grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/megavatio hora (MWh)".

Además, prosigue, afecta "incluso" a conceptos que el Ejecutivo factura a través del sector eléctrico, que no aportan beneficio alguno a estas compañías.

Aelec lamenta que la fórmula aplicada por España sea sobre ingresos y no sobre beneficios, como en Europa, y sostiene que genera discriminación "porque sólo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas".

El impuesto energético, con el que el Gobierno esperaba ingresar 2.000 millones de euros anuales -una cifra que se vería rebajada por las exenciones introducidas en la tramitación parlamentaria- grava los ingresos no regulados en España, con un tipo del 1,2%.

Se trata de un impuesto temporal para dos ejercicios -gravan los resultados de 2022 y 2023, a pagar en 2023 y 2024, respectivamente-, aunque la propia normativa prevé la posibilidad de convertirlos en permanentes.

La decisión de las eléctricas se conoce un día después de que la patronal bancaria española anunciara su recurso contra su respectivo impuesto extraordinario, con el que el Ejecutivo prevé recaudar en dos años unos 3.000 millones de euros para financiar medidas sociales frente a la subida de tipos y de la inflación.