El periodo de cálculo de las pensiones, gran escollo para la aprobación de la reforma

El último bloque de la reforma de las pensiones en España sigue pendiente de una de las medidas clave, el periodo de años cotizados que se usan para calcular la pensión, uno de los hitos comprometidos con Bruselas pero que genera diferencias tanto entre los socios de Gobierno como con los agentes sociales.

Francia ha aprobado este lunes la reforma que eleva de 62 a 64 años la edad mínima de jubilación, mientras que en España el último bloque para completar la reforma comprometida por el Gobierno se retrasa, después de que no haya sido posible aprobarlo antes de que terminara 2022.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social retomó en noviembre las reuniones formales para abordar los temas que quedaron pendientes tras la consensuada reforma de julio de 2021, donde se pactaron importantes medidas como volver a revalorizarlas conforme al IPC.

Para este último bloque, con el que se busca seguir mejorando la sostenibilidad del sistema, se dejaron dos grandes medidas: la subida de bases y pensiones máximas y la "adecuación" del periodo de cómputo, que se ha convertido en el principal escollo de la reforma.

El departamento que dirige José Luis Escrivá quiere pasar progresivamente de los 25 años vigentes a 30 años pero computando solo los 28 mejores.

Habitualmente, elevar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión supone una caída de la misma ya que los últimos años cotizados suelen ser los mejores.

Desde Inclusión defienden que el cambio protege mejor las pensiones ante carreras laborales menos lineales, pero la propuesta no cuadra para empezar entre los socios de Gobierno ya que Podemos lo ve como un endurecimiento del acceso a la jubilación.

Los sindicatos también rechazan tocar un aspecto que, a su juicio, no debería ni entrar en esta negociación y para el que reclaman que, primero, haya acuerdo entre los socios del Gobierno y garantía de consenso de los grupos parlamentarios.

El "susto" de la reforma laboral pactada en el diálogo social, y que a punto estuvo de decaer en el Congreso por falta de apoyo parlamentario, ha cambiado ciertas dinámicas que dificultan las negociaciones, señalan fuentes conocedoras del proceso.

Junto a esto, en la mesa de negociación se abordan también mejoras en el tratamiento de las lagunas de cotización y otras medidas para reducir la brecha de género en las pensiones que ya estarían más avanzadas, al menos, con los sindicatos.

La otra pata de la reforma plantea el destope progresivo de las bases máximas de cotización, las de los salarios más altos, que se incrementarían un 30% entre 2025 y 2050, así como de la pensión máxima aunque en menor proporción para avanzar en la mejora de la sostenibilidad del sistema.

Este segundo bloque también cuenta con el respaldo de los sindicatos, mientras que la patronal lo rechaza por considerarlo un aumento de los costes para las empresas, lo que parece alejar a la CEOE del consenso social.

Fuentes de la negociación coinciden en señalar que se sigue trabajando y que se está hablando con todo el mundo, en alusión a los agentes sociales y a las distintas fuerzas parlamentarias que tendrían que dar su respaldo a estas medidas.

También señalan que el grueso de las medidas ya están consensuadas aunque las distancias parecen mantenerse en ese periodo de cómputo comprometido con Bruselas, que esperaba los trabajos del Gobierno en estos hitos para finales de 2022.