Análisis
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La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que todas las pensiones subirán en 2012 el 1%. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha afirmado que la actualización se ha hecho en función de la previsión del IPC para 2012. También se ha aprobado prorrogar seis meses más la ayuda mensual de 400 euros a los desempleados que se formen y que están contempladas en el Programa Prepara. La ayuda al alquiler para jóvenes de entre 23 y 30 años quedará limitada a los que ya se les ha concedido.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que el coste de revalorizar las pensiones el año que viene es de 968,47 millones de euros. Según los cálculos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión media, de 810,85 euros, se incrementará el año que viene en 8,11 euros al mes, lo que supondrá una mejora anual de 113,52 euros. Menor incremento tendrá una pensión de 500 euros, que será mejorada en 5 euros al mes y 70 euros al año. En el caso de la pensión contributiva más alta, de 2.500 euros, su revalorización será de 25 euros al mes, lo que se traducirá en 350 euros más al año. De los 968,47 millones de euros que cuesta el alza del 1%, 938,32 millones se destinarán a subir las pensiones contributivas y Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), 20,69 millones a las pensiones no contributivas y 9,46 millones a las prestaciones familiares.
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha autorizado a la Seguridad Social que consolide en la nómina de los pensionistas de mínimas, SOVI, no contributivas y prestaciones familiares la desviación del IPC del 1,9%, registrada en noviembre de 2011. El importe de esta consolidación es de 414,18 millones de euros, por lo que si se suma esta partida a los 968,47 millones del coste de revalorizar el 1% las pensiones en 2012, la Seguridad Social deberá desembolsar el año que viene un total 1.382,65 millones de euros.
Según Fátima Báñez, con la revalorización de un 1% de las 9,4 millones de pensiones que hay y con el pago de la desviación del IPC se evita que las prestaciones pierdan poder adquisitivo el año que viene. En cuanto a la paga de la desviación del IPC, Báñez ha indicado que se hará en la tercera semana de enero. La ministra ha indicado que no hará falta "tirar" del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones durante el primer trimestre del año, pero dijo que cuando se conozca la situación presupuestaria en los próximos trimestres "el Gobierno adoptará las medidas necesarias". "En este momento no estamos tomando en consideración tocarlo (el Fondo de Reserva), apuntó Báñez, quien señaló que "a día de hoy se pueden pagar las pensiones" de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Ejecutivo para el próximo trimestre.
Prórroga de seis meses de la ayuda de los 400 euros
La ayuda de 400 euros finaliza el próximo mes de febrero, pero el Gobierno ha decidido prorrogarla seis meses más. Esos 400 euros los cobran los parados que hayan agotado sus prestaciones, carezcan de rentas y participen en programas de formación.
Báñez ha cifrado en 300 millones el coste de prorrogar esos seis meses el plan Prepara. Cada uno de los meses en que estará en vigor tendrá un coste de 50 millones de euros, ha precisado la ministra de Empleo. Además, Báñez ha cuantificado en 125.000 los beneficiarios por la prorroga hasta el 15 de agosto de 2012.
La subvención del alquiler, limitada
El PP también ha ecidido no renovar la ayuda de 210 euros durante cuatro años para jóvenes de entre 22 y 30 años denominada Renta Básica de Emancipación, después de cuatro años en vigor y un total 301.254 jóvenes, según los últimos datos al cierre del primer semestre del año.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo ha aprobado "no incorporar más beneficiarios a la Renta Básica de Emancipación para poder mantener la percepción de los que la venían recibiendo".
Ya lo había sugerido el PP a través del perfil en Twitter del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero el Consejo de Ministros ha confirmado esta decisión, a la que no se hacía mención, ni a favor ni en contra en el programa electoral de los populares.
Según detallaba la disposición adicional primera del Real Decreto de noviembre de 2007 que regulaba la ayuda, dentro del plazo máximo de cuatro años a partir de su entrada en vigor, el Ministerio de Vivienda (posteriormente Ministerio de Fomento) debía elevar al Consejo de Ministros, previo informe de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, un informe de seguimiento y evaluación de los resultados de su aplicación, con la propuesta de su mantenimiento, modificación o derogación. Por tanto, no había una fecha de caducidad para la ayuda. Incluso, fuentes del anterior Ejecutivo sostienen que el Gobierno socialista había presupuestado una cantidad, que concretaron, para cubrir nuevas ayudas en una eventual prórroga de la Renta Básica.
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