Revalorizar las pensiones en 2018 y 2019 costará 7.800 millones de euros

La revalorización de las pensiones en 2018 y 2019 costará al erario público 7.800 millones de euros. Así lo asegura el Banco de España en un artículo difundido este lunes en el que analiza el impacto en las finanzas públicas de las medidas adoptadas recientemente en el sistema de pensiones

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 fijaron una subida del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas y del 1,6% para las contributivas, de acuerdo con la previsión de inflación. De no mediar acuerdo en el Pacto de Toledo, las pensiones se revalorizarán también un 1,6% en 2019. A ello hay que sumar el aumento de la base reguladora de la pensión de las viudas sin otros ingresos, del 52% al 56% este año, y del 56% al 60% a partir de 2019.

Con los datos del Plan Presupuestario para 2019 que el Gobierno de Pedro Sánchez remitió a Bruselas, el impacto que ha tenido este año revalorizar las pensiones con el IPC, subir las mínimas un 3% y elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% ha supuesto un gasto de 2.500 millones de euros. Para 2019, el efecto de estas medidas es mayor, de 5.300 millones, el equivalente al 0,4% del PIB, según el análisis que realiza el Banco de España.

El instituto supervisor afirma que revalorizar la pensión media en función del IPC en el periodo 2018-2050 y mantener la entrada en vigor del factor de sostenibilidad para 2023 elevaría el gasto un 1,9% del PIB en 2030 y un 3,4% del PIB en 2050 respecto al escenario de aplicación de la reforma de 2013, que dibujaba un panorama muy diferente: subidas de las pensiones de sólo el 0,25% durante gran parte de las próximas tres décadas.

La institución recuerda que la reforma de 2013 establece que la revalorización de las pensiones sea anualmente de un máximo del 0,25% en situaciones de déficit del sistema, y del IPC más un 0,5% en épocas de superávit.

Adicionalmente, la reforma introduce el llamado factor de sostenibilidad, que inicialmente iba a operar a partir de 2019 y cuya entrada en vigor ha sido retrasada a 2023. Este factor vincula el importe inicial de las pensiones al aumento de la esperanza de vida, por lo que cuanto más crece ésta, menor es la pensión inicial.

El Banco de España calcula que retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a 2023 conllevará un aumento medio del gasto del 0,1% del PIB en la próxima década (2020-2030) y del 0,3% del PIB en la década siguiente.

Este mayor gasto, explica, sería resultado tanto del incremento de la pensión media de las cohortes que se jubilen entre 2019 y 2022, ahora exentas de la aplicación del factor de sostenibilidad, como del aumento de la pensión media de las cohortes que se jubilen a partir de 2023, para quienes el retraso en cuatro años de la entrada en vigor de este factor implicaría una pensión inicial mayor.

Ante el reciente acuerdo del Pacto de Toledo para que las pensiones se revaloricen de forma general en función del IPC observado, las implicaciones sobre el gasto en un horizonte a largo plazo son, según el Banco de España, "muy superiores" a las derivadas de las medidas recogidas en la Ley de Presupuestos: un aumento del gasto del 1,9% del PIB para 2030 y del 3,4% del PIB para 2050.

Aunque la institución entiende que estos cálculos están sometidos a un gran grado de incertidumbre por el amplio horizonte temporal considerado, asegura que, ante el escenario macroeconómico y demográfico previsto, "cabe concluir que las medidas recientes adoptadas en el sistema de pensiones requerirán de actuaciones adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema con objeto de garantizar su sostenibilidad financiera".