¿Qué pasará finalmente con Muface y la sanidad de los funcionarios?

Más de un millón y medio de empleados públicos y sus familias permanecen en vilo en torno a la decisión sobre Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Todo empezó el pasado 5 de noviembre, cuando las principales aseguradoras privadas —Adeslas, Asisa y DKV— dejaron desierta la licitación del concierto, que planteaba una subida de primas del 17% en dos años a pesar de que se ofertaba la mayor dotación presupuestaria de la historia (2,681 millones de euros) Así las cosas, el Gobierno tratará de llegar a un acuerdo con las aseguradas antes de final de año y, en paralelo, baraja eliminar la exención a las primas de los seguros sanitarios privados.

Esta medida que intenta presionar a las compañías aseguradoras estaba incluida en la reforma fiscal que el Gobierno iba a llevar a la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados este jueves. Sin embargo, apenas treinta minutos antes del inicio de la sesión, PSOE y Sumar decidieron aplazar la votación al próximo lunes. Esta reforma que, en principio, se concibe para transponer la directiva europea que pide fijar el tipo del impuesto de sociedades en el 15%, ha sido muy controvertida entre los partidos socios del gobierno de coalición, especialmente en lo relativo a la eliminación del impuesto a los beneficios extraordinarios a las energéticas, que apoyan Junts y PNV y rechaza el resto.

12 millones de usuarios pagarían un 8% más por su seguro privado

Eliminar la exención del Impuesto a las Primas de Seguros (IPS) afectaría a más de 12 millones de usuarios con pólizas de seguros sanitarios privados, que pasarían a pagar un 8% más por las primas. Esta medida ha generado el inmediato rechazo de la patronal de las aseguradoras Unespa, que advierte en un comunicado que gravar los seguros privados provocaría " un incremento de la demanda asistencial del Servicio Público de Salud en todo el territorio nacional" y, por tanto, "efectos muy negativos para todos los ciudadanos españoles".

Las tiranteces entre Gobierno y aseguradoras coinciden con un momento de estrecha colaboración para el pago de los subsidios a los funcionarios afectados por la DANA.

A favor y en contra de la incorporación de los funcionarios a la sanidad pública

En el terreno político, las reacciones tampoco se han hecho esperar. La ministra de Sanidad, Mónica Domínguez, cree que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es lo suficientemente "robusto" como para absorber la prestación de este servicio para los funcionarios que ahora optan por la privada. Cabe recordar que Sumar incluía en el punto 14 de su programa para las últimas elecciones generales la progresiva integración en el sistema sanitario público de las personas que reciben esta cobertura en régimen de mutualidad (Muface, Mugeju, Isfas).

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advierte de que la inclusión de 236.000 nuevas tarjetas en el sistema de público de salud madrileño desbordaría las listas de esperas y empeoraría la calidad del servicio. En Andalucía, el SAS afirma estar preparado para asumir a los 320.000 usuarios de la sanidad privada. Málaga sería la provincia más afectada con 45.000 mutualistas aproximadamente.

El Gobierno plantea la eliminación de la permuta anual

Ahora le corresponde al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública continuar las negociaciones con las aseguradoras. El departamento encabezado por Óscar López plantea una reforma del sistema, por la que los funcionarios solamente podrán elegir una vez si acudir al sistema sanitario público a una aseguradora privada, en caso de una nueva licitación. Ello significaría eliminar la opción de la permuta anual de Muface, lo que según el Gobierno, aumentaría su capacidad de planificación.