Fernando Faces
Perspectivas económicas: España 2025
El plan del Gobierno para poner fin dos meses de protestas agrarias está provocando reacciones contrapuestas en las organizaciones agrarias. Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Unión de Uniones han rubricado ya las 43 medidas propuestas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, mientras que Asaja y COAG las rechazan en sus términos actuales.
La primera organización en optar por el acuerdo fue UPA el pasado miércoles. Su secretario general, Lorenzo Ramos, aseguró que el tiempo de la movilización “ha pasado”. “Como representantes del sector no podíamos permitir que no se firme este acuerdo por el riesgo de que muchos de los puntos que aquí se abordan puedan caer”, dijo.
Este viernes se sumó Unión de Uniones, asociación con fuerte implantación en algunas comunidades autónomas y a la que el Gobierno ha reconocido por primera vez su representatividad. Tras sus protestas en solitario al margen de Asaja, COAG y UPA, su coordinador, Luis Cortés, aseguró que el acuerdo no es “la panacea”, pero sí un “buen punto de partida”.
Las organizaciones con mayor implantación en España, Asaja y COAG, rechazan el paquete de medidas. COAG se niega a firmar el acuerdo y alude a “una pérdida de confianza” en Luis Planas y a una “mayor exigencia a la hora de pedir concreción en todas aquellas medidas que son una mera declaración de buenas intenciones”. Asaja, por su lado, considera insuficiente el documento del Gobierno. Dice que hay una parte de las propuestas que son “positivas”, pero hay “carencias muy significativas en materias concretas y ausencia de medidas en sectores productivos que necesitarían una respuesta más decidida”.
Luis Planas sigue confiando, en cualquier caso, en que estas dos organizaciones agrarias terminen firmando.
Entre las medidas propuestas están la creación de una línea de crédito de hasta 700 millones de euros. Además, se, se establecerá una reducción del 15% en el rendimiento neto para la declaración de la renta por el sistema de módulos y se adapta el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por este sistema.
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